El 21 de septiembre de 2026, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac se presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá y presentó dos proyectos de ley: uno, sobre la concesión del estatus de «Laboratorio de Interés Nacional» con derecho a apoyo material e incentivos; el otro, sobre la transformación del Sistema Nacional de Investigación (SNI) en una estructura con personalidad jurídica propia y mayor autonomía.
Para un país donde la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo una de las más bajas de América Latina y el número de investigadores es reducido, este paso parece un intento de cerrar la brecha entre la formación de científicos mediante becas estatales y la falta de infraestructura para que trabajen a su regreso.
Orillac es abogado con más de cuarenta años de experiencia en la gestión de empresas familiares de alquiler de inmuebles, y anteriormente ocupó cargos de asesor en un banco, en el Ministerio de Ambiente, en la oficina de asuntos de refugiados y en estructuras de seguridad. En el gabinete del presidente José Raúl Mulino desempeña el papel de coordinador más cercano, una persona de confianza para conducir el diálogo con el sector empresarial y garantizar la continuidad del poder.
Su trayectoria muestra un énfasis constante en las reformas jurídicas y administrativas, más que en la experiencia sectorial. Al presentar los proyectos, Orillac subrayó las lagunas jurídicas del SNI, creado ya en 2007, y la necesidad de atraer al sector privado. Esto concuerda con su costumbre de actuar a través de mecanismos institucionales y coaliciones, y no mediante la intervención directa en la agenda científica.
De cara al público, las iniciativas se presentan como un instrumento para aumentar la competitividad y recuperar el talento. En la práctica, permiten al poder ejecutivo obtener palancas adicionales para distribuir recursos e influir en los centros de investigación, sobre todo en un contexto de Asamblea fragmentada y baja confianza en las instituciones estatales.
Como empresario acostumbrado a optimizar activos, Orillac ve en la ciencia no un fin en sí mismo, sino una forma de atraer inversión y crear condiciones para el crecimiento económico. Convertir el SNI en una asociación de interés público con participación de actores privados es la continuación lógica de su línea de ampliar la colaboración público-privada.
En un sentido más amplio, este episodio muestra cómo los políticos sin formación específica en la materia utilizan instrumentos jurídicos para resolver problemas estructurales: sin cambiar las prioridades, sino cambiando las reglas del juego. Para Panamá, esto significa la oportunidad de fortalecer gradualmente su base científica, pero solo si al estatus le siguen recursos reales e independencia, y no otra superestructura burocrática.
