El lunes por la noche, el Senado de EE. UU. votó a favor de un histórico proyecto de ley, la Protect College Sports Act — 77 votos contra 22. El proyecto, impulsado por el republicano Ted Cruz y la demócrata Maria Cantwell, busca poner orden federal en el deporte universitario, donde en los últimos años reinaba un auténtico caos por los pagos a los atletas, los traspasos sin restricciones y la reconfiguración de las conferencias.
La ley consagra el derecho de los deportistas a recibir compensación por el uso de su nombre, imagen y semejanza (NIL), introduce un límite de un traspaso sin perder el derecho a participar, establece un plazo de elegibilidad de cinco años y permite a las universidades repartir ingresos con los atletas de hasta aproximadamente 50 millones de dólares al año. Además, un mínimo de 5 millones debe destinarse a los deportes femeninos y olímpicos, y los honorarios de los agentes se limitan al cinco por ciento.
Detrás de esto no hay solo un deseo de «poner orden», sino un intento del poder federal de tomar el control de un sistema que las decisiones judiciales y las fuerzas del mercado han desgarrado. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2021 y los posteriores acuerdos como House v. NCAA, las universidades empezaron de hecho a pagar a los jugadores, pero sin reglas uniformes esto derivó en una carrera armamentística: las conferencias se inflaban, los atletas cambiaban de universidad varias veces por temporada y los programas pequeños perdían oportunidades.
La paradoja clave es que la ley refuerza al mismo tiempo los derechos de los atletas y limita su movilidad. Por un lado, protección de la salud, cobertura médica durante cinco años tras la graduación y garantías de becas. Por otro, la NCAA obtiene una exención antimonopolio parcial para frenar los traspasos infinitos y retener el talento dentro de un mismo programa. Esto recuerda a la situación en la que un empleador promete más dinero al trabajador, pero al mismo tiempo le prohíbe cambiar de empleo más de una vez.
Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Representantes, donde las perspectivas son inciertas: allí ya se oyen objeciones del Caucus Negro del Congreso y de parte de los republicanos. Si la ley no se aprueba antes de las elecciones, toda la construcción puede desmoronarse y el caos volverá a una nueva escala.
En definitiva, la Protect College Sports Act no es un punto final, sino un nuevo capítulo en la larga lucha entre el comercio, la educación y los derechos de los jóvenes atletas, cuyo desenlace determinará si el deporte universitario en EE. UU. seguirá siendo un fenómeno de masas o se convertirá en una liga de élite para unos pocos.
