El gobierno de Delhi ha ratificado formalmente la versión 2.0 de su ambiciosa política de vehículos eléctricos a finales de junio de 2026. Este documento estratégico entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2030, estableciendo un marco temporal de cuatro años diseñado para transformar profundamente el ecosistema de transporte en la capital de la India.
La escala de la inversión financiera proyectada es verdaderamente notable, ya que las autoridades planean destinar 150.000 millones de rupias (cerca de 1.600 millones de dólares) para incentivar la transición hacia la movilidad eléctrica. El objetivo planteado es extremadamente valiente: para el año 2027, el 95 por ciento de todas las nuevas matriculaciones de vehículos en la ciudad deberán corresponder a coches eléctricos, lo que marca un cambio decisivo de los estímulos voluntarios hacia mandatos de cumplimiento obligatorio.
La nueva normativa establece un calendario riguroso de restricciones progresivas: desde enero de 2027, solo se permitirá el registro de rickshaws de tres ruedas que sean íntegramente eléctricos. A partir de abril de 2028, esta prohibición se ampliará a los vehículos de dos ruedas, permitiendo únicamente la matriculación de scooters y motocicletas eléctricas. Además, los ciudadanos que posean vehículos antiguos bajo la norma BS-IV o inferior podrán acceder a una subvención de hasta 100.000 rupias por el achatarramiento y la compra de un vehículo eléctrico.
En cuanto a los beneficios económicos, los incentivos para los compradores son de gran relevancia: los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas recibirán ayudas directas de 30.000 y 50.000 rupias respectivamente durante el primer año, con una reducción gradual en los años subsiguientes. Para aquellos automóviles eléctricos con un valor de mercado de hasta 3 millones de rupias, se ha decretado la exención total del impuesto de circulación y de las tasas de registro hasta finales de 2030. Un punto clave es que los modelos híbridos, incluidos los híbridos puros, han sido excluidos de cualquier nivel de apoyo estatal.
La resolución de descartar las tecnologías híbridas se tomó tras diversas rondas de consulta con fabricantes y expertos en calidad del aire. Los especialistas indicaron que otorgar beneficios a los híbridos podría dispersar el enfoque necesario para lograr una transición completa hacia las cero emisiones y desviar capital necesario para infraestructuras eléctricas puras. Sin embargo, existe la preocupación por el "arbitraje regulatorio", ya que estados colindantes como Haryana y Uttar Pradesh no tienen restricciones similares, lo que podría incitar a los usuarios a registrar sus coches fuera de Delhi para luego ingresarlos a la ciudad.
La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire está considerando medidas suplementarias, tales como la creación de zonas exclusivas para vehículos eléctricos y la aplicación de peajes urbanos diferenciados. Estas iniciativas buscan maximizar el impacto inmediato de la nueva ley. Paralelamente, los representantes industriales advierten sobre retos significativos: la posible pérdida de empleos para los conductores de rickshaws a gas, la escasez de infraestructura de carga (con solo 4.800 puntos operativos en abril de 2026 frente a la meta de 18.000) y la dependencia excesiva de componentes provenientes de China.
Si bien la normativa anterior del año 2020 impulsó el crecimiento de los vehículos eléctricos del 2,6 por ciento en 2025 al 4,25 por ciento en 2026, la actualización 2.0 representa un giro drástico en la estrategia gubernamental. Al implementar prohibiciones claras y plazos ineludibles en lugar de programas de adhesión opcional, Delhi se posiciona como una de las administraciones más agresivas del mundo en términos de regulación de movilidad, comparable únicamente con las políticas de vanguardia de California o la Unión Europea.
Para los residentes locales, esta transición no solo promete un acceso facilitado a scooters y rickshaws eléctricos, sino que también demanda una expansión acelerada de la red de recarga urbana. El gobierno tiene previsto instalar más de 30.000 puntos de carga en toda la metrópoli. El éxito dependerá de la rapidez con la que el sector privado pueda ofrecer motocicletas eléctricas competitivas, un segmento que actualmente solo representa el 9-10 por ciento del mercado nacional y cuyos costes de adquisición siguen siendo un obstáculo para el gran público.
En una perspectiva de largo plazo, esta política tiene el potencial de mitigar severamente la polución ambiental, dado que el transporte de dos ruedas es responsable de aproximadamente el 67 por ciento de la contaminación generada por el tráfico en la ciudad. No obstante, el triunfo de esta iniciativa está sujeto a tres factores determinantes: la cooperación con los estados vecinos, la resiliencia en las cadenas de suministro de baterías y la predisposición cultural de los ciudadanos para realizar el cambio definitivo desde los motores de combustión tradicionales.
