Empresas estadounidenses del sector del petróleo y el gas han solicitado a la administración Trump su intervención para suavizar o aplazar las nuevas normativas europeas sobre el control de emisiones de metano. Su preocupación está justificada, ya que estos requisitos podrían, en la práctica, cerrarles el acceso a un mercado fundamental.
Se trata del Reglamento de la UE sobre las emisiones de metano, el cual obliga a los importadores de gas a demostrar que el combustible suministrado se ha extraído con mínimas pérdidas de metano. Aunque las primeras exigencias ya están en vigor, a partir de enero de 2027 los nuevos contratos de importación en la UE solo serán posibles si los exportadores cumplen los mismos estándares de notificación que los productores europeos. Asimismo, desde agosto de 2030 se establecerá un nivel máximo de intensidad de metano en la producción, contemplándose multas en caso de incumplimiento.
Según representantes del sector, cumplir con estas exigencias en Estados Unidos es prácticamente imposible: allí el gas se recolecta en una red única de tuberías proveniente de múltiples yacimientos, lo que hace increíblemente difícil rastrear la "intensidad de metano" de cada lote. "No hay forma alguna de que un importador en Europa pueda decir: muéstreme quién extrajo este gas en EE. UU. y cuál fue su intensidad de metano", afirmó Fred Hutchison, presidente de LNG Allies.
La industria ha presionado para lograr cambios durante meses. Tras el fracaso de las negociaciones directas en Bruselas, las empresas recurrieron a la Casa Blanca. "Solo cuando no pudimos avanzar allí, acudimos a la administración y preguntamos: '¿Pueden ayudarnos?'", relató de forma anónima un alto ejecutivo de una importante compañía energética estadounidense.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, respaldó estas peticiones, advirtiendo que, sin una reforma sustancial de las reglas, Europa se enfrenta a graves dificultades. Junto a colegas de otros países exportadores, envió una carta abierta a la UE alertando sobre posibles interrupciones en el suministro. Según datos de EE. UU., si no se suaviza el reglamento, casi la totalidad de las importaciones de petróleo a la UE y una parte significativa de las de gas dejarán de cumplir los requisitos a partir de enero de 2027. Al menos 11 Estados miembros de la Unión Europea se han sumado ya a la postura de Washington, una tendencia que va en aumento.
No obstante, no todos en Europa están dispuestos a ceder ante la presión. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha prometido no claudicar ante las demandas de EE. UU. y otros exportadores de GNL. La ministra de Energía de Finlandia, Sari Multala, declaró que Helsinki no ve motivos para revisar las normas. Por su parte, la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen Muñoz, confirmó que su país apoya plenamente la prohibición del gas ruso según el calendario previsto, insistiendo en que las normas climáticas deben mantenerse vigentes.
Mientras tanto, ExxonMobil y el Instituto Americano del Petróleo subrayan su postura: el problema no radica en la reducción de emisiones en sí, sino en los plazos poco realistas y la falta de mecanismos de verificación. Advierten que, sin una prórroga, los importadores se verán obligados a infringir la ley o a interrumpir el suministro, una amenaza que se toma muy en serio.
Europa se encuentra en una situación vulnerable. Tras renunciar al gas ruso en 2022, el bloque aumentó drásticamente su dependencia de los suministros estadounidenses: para enero de 2026, EE. UU. ya suministraba una cuarta parte de las importaciones de gas europeas, y en la primera mitad de 2025, el GNL estadounidense representó el 57% de todas las importaciones de gas licuado del continente. A esto se sumaron interrupciones en el suministro desde Catar y otras fuentes. Ahora, los países de la UE se enfrentan a una disyuntiva: proteger el clima y su independencia de Rusia o arriesgar su seguridad energética para plegarse ante EE. UU. La cuestión es hasta qué punto está dispuesta la UE a llegar en la protección del clima si esto pudiera socavar su propia seguridad energética y su independencia política.
