17 de septiembre de 2026, en una reunión del consejo de administración de Tata Sons, N. Chandrasekaran aceptó reconsiderar su decisión de agosto de no presentarse a un nuevo mandato. Cuatro miembros del consejo votaron a favor de reelegirlo como presidente ejecutivo por cinco años, uno en contra. Así concluyó un episodio breve pero tenso, en el que la intención personal del directivo chocó con los intereses del grupo.
La decisión tiene importancia no solo para el conglomerado de 158 años valorado en unos 300 mil millones de dólares. Tata Sons controla Air India, Jaguar Land Rover, Tata Steel y otros activos. En un contexto de pérdidas de la aerolínea, caída de las ventas de automóviles y una reciente filtración de datos, la continuidad del liderazgo se convierte en un factor que influye en la confianza de los inversores y los reguladores. El RBI rechazó recientemente la solicitud de retirar el estatus de core investment company, lo que vuelve a plantear la cuestión de una posible salida a bolsa.
Chandrasekaran llegó a TCS en 1987 tras un máster en informática y recorrió todo el camino dentro del grupo. Desde 2017 dirige Tata Sons, tras suceder a Ratan Tata después de la dimisión de Cyrus Mistry. A lo largo de dos mandatos llevó a cabo una reestructuración, fortaleció el balance y mantuvo su reputación de «Tata lifer»: un hombre para quien los intereses del grupo están por encima de las ambiciones personales. Precisamente esa reputación se convirtió en el argumento clave cuando, en septiembre, el comité de nominaciones le pidió que regresara.
En agosto de 2026, Chandrasekaran notificó por escrito al consejo que no se presentaría. La decisión fue suya, sin presiones por parte de la dirección. Sin embargo, después de que el RBI rechazara el cambio de estatus regulatorio y de que el consejo volviera a debatir «los intereses más amplios del grupo», cambió de postura. No fue un giro público bajo presión: fue la aceptación de una petición formulada como una necesidad de estabilidad ante una posible salida a bolsa y unas negociaciones complejas con los accionistas minoritarios.
En contra se pronunció Noel Tata, presidente de Tata Trusts, que posee el 66 % de Tata Sons. Calificó la reelección de «ilegal» según los estatutos, que exigen la aprobación de ambos nominees de los trusts. A su juicio, la votación de 4:1 carece de validez. Las discrepancias no se refieren solo a la persona de Chandrasekaran, sino también a la estrategia: los Trusts se oponen a una oferta pública de acciones, que el consejo ahora pretende debatir con el RBI.
La situación recuerda el clásico conflicto entre un gestor profesional y un accionista de control en una estructura familiar. Chandrasekaran actúa como un hombre para quien la estabilidad institucional pesa más que la comodidad personal o incluso que su propia decisión anunciada anteriormente. No inició el conflicto, pero tampoco se marchó cuando el grupo volvió a necesitarlo.
La reelección demuestra que en Tata Sons, pese a los procedimientos formales, el poder real sigue en manos de quienes pueden garantizar la continuidad bajo presión externa. Para Chandrasekaran no es solo una prórroga de sus funciones: es la confirmación de que su papel de «hombre del sistema» pesa más que los planes personales y las discrepancias familiares.
