Los críticos de los confinamientos han expresado su indignación ante la decisión de la Investigación sobre el Covid, tras quedar fuera del informe final las pruebas de la vigilancia estatal sobre académicos, periodistas y activistas de derechos humanos. Silkie Carlo, directora de la organización Big Brother Watch, presentó una declaración pormenorizada a raíz de una solicitud oficial bajo la Regla 9, aunque dicho testimonio no fue incluido en el documento publicado ni figura en las conclusiones de la investigación.
Durante la pandemia, la Unidad Contra la Desinformación (CDU) registró de manera sistemática las declaraciones legítimas de individuos que cuestionaban las políticas del gobierno. Carlo detalló en su comparecencia cómo se empleaban los informes de la CDU para monitorizar a los críticos, y no solo para combatir la información falsa. El Ejecutivo destinó fondos considerables a contratos con la firma Logically AI, que prestó apoyo en el rastreo y denuncia de publicaciones en redes sociales. Según los datos de Big Brother Watch, esta empresa de inteligencia artificial percibió más de un millón de libras esterlinas por estas labores.
La investigación concluyó que el proceder de la CDU fue «legal, necesario y proporcionado». No obstante, Carlo describió este dictamen como una mera ilusión de rendición de cuentas. Lo que inicialmente parecía un gesto de apertura al solicitar su testimonio, acabó convirtiéndose en una supresión de evidencias incómodas. Según afirma, la CDU no solo documentaba falsedades, sino también expresiones veraces y legales que poseen un valor democrático intrínseco.
Un portavoz de la Investigación aclaró que el organismo no está obligado a difundir todas las declaraciones recibidas, sino solo aquellas que la presidencia considere pertinentes para las sesiones. Tras la consulta de Carlo sobre la omisión de su documento, se le notificó un «error administrativo» y se le garantizó su pronta publicación. Por otro lado, el Gobierno insistió en que la CDU trabajó exclusivamente con información de dominio público y no realizó un seguimiento individualizado de personas.
En su testimonio, Carlo puso de relieve la envergadura del monitoreo: la CDU no solo registraba supuesta «desinformación», sino también críticas certeras y fundamentadas sobre asuntos de vital importancia. Entre estos temas figuraban el debate sobre el impacto negativo de los confinamientos en la infancia y los cuestionamientos a las políticas de vacunación. Aunque muchas de estas preocupaciones se validaron posteriormente con hechos, estas no se incorporaron al relato público de los sucesos en el informe final, de acuerdo con los testimonios de Big Brother Watch.
Entre los críticos vigilados se encontraban prestigiosos académicos y figuras de la sociedad civil. En esta lista destacan el epidemiólogo Carl Heneghan, el investigador de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Alexandre de Figueiredo, y Molly Kingsley, líder de la campaña para la reapertura escolar. Incluso David Davis, exministro conservador que publicó en el Telegraph una crítica a los modelos de confinamiento iniciales, fue objeto de seguimiento por parte de la CDU.
Resulta llamativo que uno de los documentos fundamentales solicitados por la propia investigación haya quedado excluido del debate público, a pesar de que el proceso recopiló más de 600,000 pruebas. Carlo sostiene que esto ofrece una visión parcial de lo ocurrido y dificulta que la ciudadanía comprenda el alcance real de la vigilancia estatal durante la crisis sanitaria. La difusión de todos los testimonios requeridos —incluso aquellos omitidos en el informe principal— resulta esencial para evitar un tratamiento selectivo de los hechos y asegurar una rendición de cuentas auténtica de las instituciones democráticas.
