Tanto en Singapur como en Indonesia, los reguladores han intensificado simultáneamente la presión sobre el mercado de criptomonedas y sus divulgadores. El 26 de junio de 2026, la Autoridad Monetaria de Singapur incluyó a la plataforma descentralizada Hyperliquid en su lista de alerta para inversores. Cuatro días antes, Indonesia había implementado licencias obligatorias para los influencers financieros. Estos dos acontecimientos, ocurridos con pocos días de diferencia, dibujan un panorama claro: Asia no está dispuesta a permitir que las criptomonedas y sus promotores operen en una zona gris.
Hyperliquid se presenta como una infraestructura "permissionless", es decir, un protocolo abierto sin un operador central. No obstante, la MAS señaló que la plataforma carece de licencia y que los inversores podrían asumir erróneamente que está regulada. Hyperliquid respondió alegando que nunca ha pretendido poseer una licencia y que no actúa como intermediario. Formalmente, esto no constituye una prohibición, sino una advertencia. En la práctica, esta medida afecta a las interfaces de usuario y al marketing, obligando a las plataformas a abandonar la región o a modificar su estrategia de comunicación.
En Indonesia, la OJK ha promulgado la normativa POJK n.º 6/2026. A partir de ahora, cualquier persona que recomiende productos financieros, incluidos los criptoactivos, debe poseer una certificación o licencia, transparentar las publicaciones pagadas y abstenerse de promocionar activos fuera de los canales autorizados. Las empresas que contraten a estos influencers también serán legalmente responsables. Un mercado donde antes los "finfluencers" lucraban mediante el hype y los enlaces de afiliados ahora cuenta con reglas precisas y sanciones por manipulación.
La lógica tras estas medidas es sencilla: mientras los inversores minoristas en Asia se adentran masivamente en las criptomonedas, los reguladores perciben riesgos de pérdidas y fraude. Singapur busca proteger su reputación como centro financiero, mientras que Indonesia, la mayor economía de la región, intenta mitigar la volatilidad y salvaguardar los ahorros de sus ciudadanos. En este punto, los intereses estatales y bancarios convergen: controlar los flujos de capital y minimizar el coste social derivado de inversiones fallidas.
Para el ciudadano común, esto significa que el acceso a herramientas descentralizadas se complica y que los consejos en redes sociales conllevan un mayor riesgo de confianza. Si antes bastaba con abrir una aplicación para operar, ahora será necesario verificar si esta figura en alguna lista de advertencia. Si antaño un influencer recomendaba una moneda, ahora lo prudente es preguntar si cuenta con licencia y quién financia dicha recomendación.
Estas medidas no detendrán a las criptomonedas, sino que las obligarán a adaptarse. Las plataformas optarán por separar su infraestructura de la interfaz de usuario, y los influencers tendrán que certificarse o arriesgarse a perder a su audiencia. Al final, saldrán ganando quienes sepan interpretar las señales regulatorias con antelación y no confundan la libertad de un protocolo con la ausencia de responsabilidad.
