El 26 de mayo de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en una rueda de prensa en Washington el lanzamiento de tres misiones no tripuladas bajo el sello «Moon Base»: Moon Base 1, 2 y 3. El objetivo es que estos lanzamientos se lleven a cabo antes de que finalice el año 2026 para establecer los cimientos de una base permanente en el polo sur lunar.
La primera misión, la Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin, está programada para el otoño, mientras que la segunda (Griffin de Astrobotic) y la tercera (IM-3 de Intuitive Machines) lo harán hacia finales de año. No se trata de simples pruebas técnicas; la NASA ha reestructurado y renombrado parte de los contratos de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar (CLPS) para resaltar un giro estratégico que prioriza la infraestructura en superficie frente a la estación orbital «Lunar Gateway».
Se prevé un volumen de carga de unas cuatro toneladas para el año 2029, que incluirá sistemas de telecomunicaciones, energía, navegación, los primeros rovers (el FLIP de Astrolab y el Pegasus de Lunar Outpost) e instrumental científico, contando con la colaboración de la ESA y Corea del Sur.
He aquí los antecedentes. El programa Artemis se reactivó en 2017 como respuesta directa al progreso de China. Tras el éxito de Artemis II —el sobrevuelo tripulado de la Luna en abril de 2026—, la NASA descartó sus planes para la estación orbital Gateway y se centró en la superficie. Para el periodo 2029-2032 se proyecta la construcción de módulos semiestacionarios, mientras que a partir de 2032 se buscará una presencia humana sostenible. El presupuesto solo para la fase inicial ronda los 20.000 millones de dólares. Socios comerciales como SpaceX o Blue Origin (de Jeff Bezos), así como Astrobotic e Intuitive Machines, ya están recibiendo contratos de cientos de millones de dólares. Se trata del clásico enfoque estadounidense: el Estado define el objetivo, mientras el sector privado minimiza los riesgos y acelera los plazos.
Sin embargo, tras la fachada tecnológica se esconde una intensa geopolítica. Desde 2021, China impulsa junto a Rusia la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS). Pekín tiene la firme intención de realizar su primer alunizaje tripulado para 2030 e iniciar la construcción de su base entre 2031 y 2035. Ambas potencias han puesto el ojo en el polo sur, una región con depósitos de hielo de agua, luz solar constante y ventajas estratégicas. Mientras Estados Unidos promueve los Acuerdos de Artemis (con más de 40 países), China impulsa su propio formato. No es solo una cuestión de ver quién llega primero, sino de una lucha por el control de facto de los recursos y las normas del derecho espacial. Ninguna de las partes viola abiertamente el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, pero ambas están estableciendo hechos consumados sobre el terreno.
La espontaneidad de este proceso es evidente: el auge del sector aeroespacial privado, con empresas como SpaceX y Blue Origin, sumado al progreso tecnológico global, ha convertido a la Luna en una realidad tangible y no en una fantasía. Los ingenieros han acumulado décadas de conocimiento sobre sistemas de aterrizaje, robótica y regeneración de recursos. La competencia entre estas dos superpotencias actúa como un motor colectivo natural, de forma similar a lo ocurrido en los años 60. No obstante, el componente de manipulación política también es palpable.
La NASA y la Casa Blanca, bajo la administración Trump, recurren deliberadamente a la retórica de una «edad de oro» y a la necesidad de «superar a China» para asegurar la financiación necesaria en el Congreso. El hecho de rebautizar las misiones CLPS convencionales como «Moon Base» es una maniobra clásica de relaciones públicas: se crea una imagen de triunfo inevitable, a pesar de que los plazos reales ya se han pospuesto en varias ocasiones.
Las empresas privadas, con el respaldo público de figuras como Bezos y Musk, obtienen capital mediático y nuevas inversiones gracias a estos planes. Por su parte, China subraya su compromiso con la «cooperación internacional pacífica», al tiempo que restringe su programa a la mayoría de los socios occidentales. Ambas partes construyen narrativas en las que se presentan como «líderes de la humanidad» mientras tildan al rival de «amenaza».
Las consecuencias a largo plazo trascienden la Luna. El éxito de estas misiones permitiría extraer hielo para fabricar combustible, realizar observaciones astronómicas únicas y perfeccionar tecnologías para llegar a Marte. Por el contrario, un fracaso o un retraso prolongado cedería la iniciativa a Pekín y socavaría la confianza en el modelo estadounidense de colaboración público-privada.
Por ahora, el impulso colectivo de la innovación pesa más que la manipulación, ya que el sector privado ha demostrado ser capaz de operar con menores costes y mayor frecuencia que los monopolios estatales. El riesgo real es distinto: si la retórica geopolítica termina imponiéndose, en lugar de una base común, acabaremos con dos zonas de influencia enfrentadas en suelo lunar.
En última instancia, la carrera lunar de la década de 2020 no es una repetición de la de los años 60, sino una evolución hacia un nivel superior. Este proceso demuestra que el anhelo humano por alcanzar las estrellas puede ser, al mismo tiempo, espontáneo y dirigido de forma estratégica.
Lo fundamental es que la manipulación no eclipse el progreso real. Si Estados Unidos y China (junto a sus socios) lograran encontrar puntos de encuentro —por ejemplo, a través de experimentos científicos conjuntos o estándares de seguridad compartidos—, la Luna dejaría de ser un campo de batalla para convertirse en una plataforma común.
Mientras tanto, asistimos a un equilibrio clásico en el que el deseo de liderazgo impulsa a todo el sector. En este caso, resulta alentador que sea la industria aeroespacial, y no la militar, la que marque el paso.
