A partir de octubre de 2026, en las escuelas primarias mexicanas los teléfonos inteligentes quedarán bajo una prohibición total durante toda la jornada escolar.
El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) aprobó por unanimidad el acuerdo preparado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La medida abarca todos los niveles —desde la escuela primaria hasta la educación superior— y se implementa tras una consulta nacional en la que participaron más de 565 mil docentes.
En la escuela primaria y secundaria la prohibición rige durante todo el turno: el dispositivo debe dejarse en la mochila o entregarse para su resguardo. En el bachillerato y las instituciones de educación superior, las reglas las elabora la propia comunidad educativa —desde la prohibición total hasta el uso limitado en determinadas situaciones—. Paralelamente se llevan a cabo campañas informativas, asambleas escolares y horas de clase donde se explican los objetivos de la nueva medida: aumentar la concentración, mejorar la comunicación y reducir el traslado de los conflictos de las redes sociales a la vida real.
El fundamento fueron los resultados de una encuesta a docentes: 81 por ciento se pronunció a favor de reglas claras. Se trata de datos de una consulta, no de un estudio controlado, por lo que el nivel de evidencia sigue siendo bajo. Por ahora no existe ninguna observación a largo plazo del rendimiento académico o la salud mental de los estudiantes tras la introducción de medidas similares en México. No está claro cómo se controlará exactamente el cumplimiento en las escuelas grandes ni qué ocurrirá con los niños que necesitan el teléfono para ir a casa de forma segura.
La decisión pone al descubierto la tensión entre la creciente dependencia digital de los adolescentes y la tarea de preservar la atención viva en el aula. La norma nacional puede aliviar el trabajo de algunos docentes, pero trasladar una carga adicional a otros —aquellos que tendrán que velar por su cumplimiento y resolver conflictos—. En escuelas con distintos niveles de recursos, el efecto será desigual.
La pregunta principal ahora no es si se introducirá la prohibición, sino cómo lograrán las escuelas convertir el tiempo liberado en una mejora real del aprendizaje y no simplemente en un punto más del reglamento.
