La política tecnológica de Estados Unidos ha vuelto a demostrar su carácter imprevisible. La ceremonia oficial en la Casa Blanca para la firma de un nuevo decreto ejecutivo sobre inteligencia artificial y ciberseguridad fue cancelada de forma repentina apenas unas horas antes de su inicio. Donald Trump se limitó a explicar ante los medios: "Hubo aspectos que no me gustaron y decidí posponerlo".
Detrás de esta decisión se esconde un auténtico thriller de pasillo. Según informan medios especializados estadounidenses, las llamadas nocturnas de líderes de la industria como Elon Musk y Mark Zuckerberg al presidente fueron determinantes para suspender la firma. Inversores y desarrolladores persuadieron a la Casa Blanca de que incluso una supervisión marco y meramente voluntaria de los modelos de IA por parte del Departamento del Tesoro podría frenar burocráticamente la carrera tecnológica. "Lideramos frente a China y frente al resto del mundo, y no quiero permitir nada que obstaculice ese liderazgo", sentenció Trump.
Desde el primer día de enero de 2025, la administración Trump ha desmantelado sistemáticamente el estricto legado regulatorio de Joe Biden para apostar por el dominio del ecosistema tecnológico estadounidense.
La nueva iniciativa, redactada por diversas agencias, buscaba organizar el intercambio de información sobre vulnerabilidades y blindar las infraestructuras críticas. No obstante, Silicon Valley interpretó la medida como un asomo de intervencionismo estatal. El sector advirtió con claridad: cualquier normativa impuesta ahora representaría una ventaja para Pekín, que no frena sus laboratorios con debates públicos sobre seguridad.
¿Podría perjudicar al mercado la renuncia total a las normas de seguridad? A corto plazo, parece poco probable. La eliminación de cualquier atisbo de restricción libera miles de millones de dólares para la construcción de nuevos centros de datos y el entrenamiento de redes neuronales gigantescas de próxima generación. Los inversores gozan ahora de carta blanca. Sin embargo, a largo plazo, la carencia de estándares federales de ciberdefensa traslada a las propias empresas todos los riesgos derivados de posibles fallos o filtraciones.
Ante el vacío en el centro federal, los estados han tomado el relevo de la iniciativa. Mientras Washington opta por la libertad absoluta en su pugna con China, California y Nueva York ya han comenzado a aplicar sus propias leyes sobre transparencia en IA. ¿Está dispuesta la industria a lidiar con este rompecabezas legal a cambio de evitar el control centralizado? Todo indica que el gran capital acepta de buen grado este compromiso.
