La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, programada para el 7 de junio de 2026, se llevará a cabo en un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones; no obstante, serán las limitaciones económicas y no las consignas ideológicas las que definan el resultado. A pesar de que el país ha tenido tres cambios presidenciales anticipados en los últimos cinco años, las exportaciones de cobre y oro siguen generando más del 60 por ciento de las divisas, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú. Esta realidad impone una barrera estructural frente a las reformas radicales que prometen los candidatos.
Históricamente, Perú presenta un patrón constante: tras periodos de turbulencia política, el electorado suele respaldar a figuras que garanticen previsibilidad para las empresas e inversores. Una dinámica similar se observó tras la crisis del año 2000, cuando la victoria recayó en un tecnócrata moderado en lugar de un líder populista. Actualmente se repite un escenario parecido, pues aunque la pobreza escaló al 27,6 por ciento según datos del INEI de 2024, las compañías mineras mantienen un peso determinante en la economía regional y los sindicatos.
Los actores clave —la gran empresa, los gremios mineros y las élites regionales— coinciden en una necesidad primordial: una política tributaria previsible y seguridad jurídica para los contratos. Incluso las facciones de centroizquierda que critican abiertamente el neoliberalismo dependen, en la práctica, de los ingresos derivados de la exportación de materias primas. Esta convergencia de intereses subyacentes hace que sea poco probable el ascenso al poder de un candidato capaz de alterar drásticamente las reglas del juego.
El desenlace más probable es el triunfo de un candidato moderado que abogue por mantener la disciplina macroeconómica bajo un discurso social matizado. Este escenario se ve reforzado por el hecho de que los grandes inversores ya han comenzado a desplazar capitales hacia jurisdicciones más estables ante los primeros indicios de promesas populistas. La alternativa opuesta —una victoria radical— requeriría una caída estrepitosa del precio del cobre por debajo de los 3,5 dólares la libra o un escándalo de gran magnitud que involucre al gobierno actual tres meses antes de los comicios.
El principal indicador que marcará el rumbo de la campaña ya en abril de 2026 será el fallo del Tribunal Constitucional sobre los beneficios fiscales para las empresas mineras. Si el tribunal ratifica los contratos vigentes, se fortalecerá la posición de los candidatos moderados. De lo contrario, las posibilidades de los populistas aumentarán considerablemente.
Los observadores deberían centrar su atención en este veredicto judicial más que en los debates electorales, ya que revelará el equilibrio real de fuerzas entre las instituciones y los intereses económicos antes de que inicie la campaña oficial.
