A finales de octubre, Ottawa publicó un proyecto de normas para los emisores de stablecoins vinculadas al dólar canadiense. El documento en la Canada Gazette abre un período de consultas de 60 días y tiene como objetivo entrar en vigor en otoño del año 2027. Las principales novedades son la exigencia de una reserva del cien por cien, el reembolso en un plazo de tres días hábiles con una comisión no superior al uno por ciento y la prohibición total de pagar rentabilidad por el simple hecho de mantener el token.
Detrás de las fórmulas secas se esconde un intento de proteger a los tenedores comunes de los riesgos que ya se han manifestado en la industria cripto. Las reservas deben depositarse en custodios canadienses, en cuentas separadas e inaccesibles para los acreedores del emisor en caso de quiebra. El usuario podrá cambiar cualquier volumen de stablecoins por dinero fiduciario sin un importe mínimo, y la comisión máxima del uno por ciento pretende evitar retenciones excesivas ante una salida masiva de fondos.
El regulador adopta una postura especialmente estricta frente a la rentabilidad. A los emisores les está prohibido pagar intereses o compartir ingresos por el mero hecho de mantener la moneda, incluso a través de terceros. Al mismo tiempo, las remuneraciones por transacciones reales siguen estando permitidas. Esta distinción muestra que las autoridades quieren ver en las stablecoins un instrumento de pagos y no una alternativa a los depósitos, que ya generan intereses.
Para los canadienses, esto significa condiciones más predecibles en las transferencias y en la custodia de los dólares digitales. En lugar de promesas de alta rentabilidad, obtienen la garantía de un reembolso rápido a un precio fijo. Sin embargo, para los emisores y las plataformas, el límite del uno por ciento en la comisión y la prohibición de la rentabilidad pasiva pueden reducir el atractivo del producto frente a sus equivalentes estadounidenses o europeos.
En definitiva, Canadá opta por una integración prudente de las stablecoins en el sistema financiero tradicional. Las normas protegen al usuario de pérdidas ante el colapso de un emisor, pero al mismo tiempo eliminan el incentivo de simplemente guardar el token «bajo el colchón». A largo plazo, esto puede hacer que las monedas digitales sean más fiables, pero menos interesantes para quienes buscan un ingreso adicional con sus ahorros.
