En julio de 2026, la administración dio un paso significativo. El presidente Trump instruyó al Departamento de Defensa y a la comunidad de inteligencia a revocar los acuerdos de confidencialidad para empleados actuales y anteriores con información sobre fenómenos anómalos no identificados. El 31 de julio, Aaron Lucas, Subdirector Principal de Inteligencia Nacional, firmó un memorando que formalizó esta decisión. Según el documento, los acuerdos de confidencialidad (NDA), los juramentos y las obligaciones previas ya no impedirían la transmisión de información a los representantes autorizados de AARO o del grupo de trabajo PURSUE. Se concedieron 30 días a las agencias para designar a los responsables y notificar a los empleados. Parecía que la barrera había sido eliminada.
Sin embargo, a principios de agosto ya era evidente: esto no era suficiente. El documentalista James Fox, junto con la periodista Leslie Kean y el exoficial de inteligencia David Grusch, emitieron un llamado directo. En un breve video, respaldado por Submersive Media y 42west, pidieron al presidente que emitiera una orden ejecutiva que otorgara inmunidad para la divulgación pública legal de hechos fundamentales que no afectaran la seguridad nacional. La razón es simple: el memorando de Lucas solo abre la puerta dentro del sistema, hacia los canales oficiales. Hablar abiertamente, frente a las cámaras o en audiencias, sigue siendo arriesgado.
El exfuncionario Luis Elizondo confirmó directamente: el memorando no le levantó la prohibición de comunicarse con el público en general. Las obligaciones de confidencialidad siguen vigentes fuera de AARO y PURSUE. Persisten interrogantes sobre los acuerdos corporativos de contratistas privados y los programas de acceso especial individuales. Es por eso que el nuevo llamado suena más contundente que los anteriores. Los informantes están dispuestos a proporcionar detalles verificables, pero solo si obtienen una protección real contra las consecuencias legales y profesionales.
La cronología es reveladora en este punto. Las conferencias de prensa de junio en el Capitolio, con la participación de los congresistas Berlison, Luna, Burchett y Moskowitz, ya exigían inmunidad. El memorando de julio fue una respuesta, pero parcial. El video de agosto marca la siguiente fase: de las sesiones informativas internas a una conversación abierta. Los autores subrayan que no se trata de una filtración descontrolada, sino de hechos que la sociedad tiene derecho a conocer.
Mientras la orden ejecutiva no se materialice, la situación permanece en un punto ambiguo. El memorando de Lucas representa un progreso real. Pero para aquellos que han guardado silencio durante años por cautela, esto todavía no es suficiente. No esperan solo la oportunidad de informar a sus superiores, sino el derecho a declarar públicamente: esto es lo que vimos, esto es lo que sabemos. Y la última palabra, una vez más, la tiene el presidente.
