El 14 de septiembre de 2026, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, denominado ahora oficialmente Department of War, dio un paso que llevaban mucho tiempo esperando quienes siguen el tema de los fenómenos anómalos no identificados. La dependencia emitió una exención legal específica que permite a militares en activo y retirados, empleados civiles y contratistas revelar información sobre UAP, antes protegida por acuerdos de confidencialidad.
El documento apareció en relación directa con las directivas del presidente Trump sobre la máxima transparencia en este tema. Crea un canal protegido: todos los que tuvieron o tienen acceso a información de defensa nacional relacionada con UAP ahora pueden transmitir esos datos a representantes oficiales de la iniciativa PURSUE. La exención elimina la amenaza de persecución administrativa y anula el efecto de los NDA estándar y de los acuerdos de programas de acceso especial, pero solo para los contactos con esta estructura en concreto.
Hasta este momento, las personas con conocimiento real de los programas a menudo callaban. Las detenía el miedo a perder sus habilitaciones, su carrera o a enfrentar consecuencias jurídicas. Ahora esa barrera ha sido eliminada oficialmente. La información pasará a un análisis sistemático, a una evaluación de seguridad y a una posible desclasificación, todo dentro del marco de los intereses nacionales.
La reacción llegó casi de inmediato. La representante del Congreso Anna Paulina Luna declaró sin rodeos: «La protección de los denunciantes ya está aquí». Citó la formulación clave: todos los empleados actuales y anteriores del Department of War, así como los contratistas, están autorizados a revelar datos protegidos directamente a los representantes de PURSUE. La cuenta oficial del Pentágono confirmó la emisión del documento, y el profesor Avi Loeb, jefe del Consejo Asesor Científico sobre UAP, calificó lo sucedido como un paso importante hacia adelante. Su consejo, según el científico, está dispuesto a trabajar con los denunciantes y con socios gubernamentales para evaluar las pruebas de forma independiente y verificar la ciencia, adondequiera que lleven los datos.
Aaron Lucas, subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, subrayó que el Department of War y la comunidad de inteligencia colaboran estrechamente para cumplir las directivas presidenciales sobre UAP con seriedad y rapidez. Esta exención es una parte críticamente importante de la estrategia. Al mismo tiempo, el periodista Jeremy Corbell llamó la atención sobre un detalle sustancial: el documento por ahora abarca solo al personal y a los contratistas del Ministerio de Defensa. La comunidad de inteligencia, donde según las afirmaciones de los denunciantes se concentran los principales programas heredados, avanza por una vía separada. Lucas ya ha dado a entender que también se está preparando la correspondiente exención para la inteligencia.
Así se va construyendo la cadena. Primero, las directivas desde arriba. Luego, el mecanismo jurídico que disipa los miedos y abre el canal. Después, el trabajo de los consejos científicos y la posible ampliación a otras dependencias. Lo que durante años permaneció tras los herméticos muros de los acuerdos de secreto ahora obtiene una vía oficial hacia el exterior. No mediante filtraciones y mensajes anónimos, sino mediante un proceso protegido y autorizado.
Los acontecimientos del 14 de septiembre muestran cómo es exactamente el avance hacia la divulgación: no con declaraciones sonoras, sino con decisiones jurídicas concretas que cambian las reglas para quienes poseen conocimientos. Los datos que antes se ocultaban bajo amenaza de castigo ahora pueden ser transmitidos, verificados y, con la decisión correspondiente, puestos a disposición. El proceso está en marcha, y su siguiente etapa ya ha sido señalada.
