El Congreso de los Estados Unidos ha votado a favor de prohibir el dólar digital de la Reserva Federal hasta el año 2030, enviando el proyecto de ley al despacho del presidente para su firma. Sin embargo, este dólar digital aún no existe y, por lo visto, ni siquiera se planeaba lanzarlo en un futuro próximo. En consecuencia, los legisladores han dedicado esfuerzos considerables a prohibir algo que ni siquiera es una realidad.
El proyecto de ley se incluyó dentro de la «Ley del Camino a la Vivienda del Siglo XXI», un documento cuya aprobación estaba prácticamente asegurada. El Senado lo respaldó con 85 votos a favor y cinco en contra, mientras que la Cámara de Representantes lo hizo con 358 frente a 32. Este inusual apoyo bipartidista sugiere que existen intereses de peso detrás del texto. Según los analistas, el objetivo principal de la enmienda no es tanto frenar a la Fed, sino proteger las stablecoins privadas.
El texto menciona explícitamente la protección de «activos en dólares privados, abiertos y sin necesidad de autorización». Esto implica que el USDT, el USDC y otras stablecoins reciben luz verde, permitiendo que tanto el gobierno como los emisores mantengan la capacidad de rastrear las transacciones. De este modo, los temores sobre un control «distópico», habitualmente asociados a las CBDC, se trasladan en parte a las empresas privadas.
El trasfondo es evidente: los bancos y los grandes emisores de stablecoins buscan evitar la competencia de una moneda digital estatal que podría puentear su infraestructura. Al mismo tiempo, están dispuestos a facilitar a los reguladores el acceso a los datos de los usuarios, precisamente aquello que más temían los críticos de las CBDC. En última instancia, el control sobre el dinero simplemente pasa de las manos del banco central a las de actores privados con el beneplácito formal de las autoridades.
Para el ciudadano común, esto significa que los dólares habituales en el móvil o en las plataformas de intercambio podrían volverse aún más transparentes para terceros, dejando en entredicho el anonimato real de los pagos digitales. Como dice el refrán, «quien paga, manda», solo que ahora quienes pagan son tanto el Estado como las grandes corporaciones de forma simultánea.
La ley vigente hasta 2030 parece más una tregua que una prohibición definitiva. En este intervalo, las stablecoins tendrán tiempo para consolidar su posición, mientras que la Fed podría replantearse su estrategia. La cuestión fundamental ya no es si surgirá un dólar digital, sino quién acabará controlando la información sobre nuestros gastos diarios y a qué precio.
