El 27 de septiembre de 2026, Donald Trump anunció la nominación de Lance Schroyer para el cargo de director del ICE. En una publicación en Truth Social, el presidente destacó los 29 años de experiencia de Schroyer en los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Oklahoma y su servicio en la infantería de marina, llamándolo «patriota» con experiencia en «encerrar a los peores entre los peores».
Schroyer ya trabaja como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, supervisando la coordinación con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley en los programas 287(g). No es una elección casual: Mullin, también de Oklahoma, promueve activamente la candidatura, y el ICE lleva mucho tiempo necesitando un director confirmado por el Senado — el último de ese tipo no ha habido desde los tiempos de Obama.
Trump nombra sistemáticamente para los puestos clave de inmigración a personas con experiencia sobre el terreno, y no a burócratas de carrera. Schroyer participó en operaciones de deportación y de interacción con los sheriffs locales — precisamente lo que se requiere para una campaña de expulsión a gran escala. Su reputación entre los aliados es la de un ejecutor fiable; los críticos señalan su estilo duro, pero los hechos confirman su enfoque en el trabajo operativo.
La nominación confirma un patrón consolidado: Trump da preferencia a hombres de seguridad leales de los estados «rojos», capaces de poner en marcha rápidamente los mecanismos de deportación. No es una desviación, sino la continuación lógica de una línea en la que la prioridad es el resultado sobre el terreno, y no la corrección política.
Como en el ajedrez, cuando el rey coloca en el tablero una pieza que ya conoce todas las jugadas del adversario: Schroyer no es un novato en el sistema, ya está dentro de él y entiende cómo hacer funcionar el 287(g) a nivel federal.
La elección de Schroyer muestra que, para Trump, el ICE no es simplemente una agencia, sino un instrumento que requiere a una persona que ya ha demostrado su capacidad de actuar en coordinación con las autoridades locales. A largo plazo, este tipo de nombramientos determinan hasta qué punto la administración podrá cumplir sus promesas en materia de inmigración.
