Los reguladores estadounidenses renunciaron de repente a dos sonadas propuestas que amenazaban con convertir los monederos criptográficos personales y los servicios de mezcla en objetos de rendición de cuentas total. El 5 de octubre de 2026, FinCEN retiró oficialmente las normas de los años 2020 y 2023, que habrían obligado a los bancos y a los intercambios a recopilar datos sobre transacciones con monederos sin custodia superiores a tres mil dólares y a informar sobre el mezclado de fondos.
La propuesta sobre los «unhosted wallets» exigía a las instituciones financieras llevar registros y verificar a las contrapartes en transferencias por encima de determinados umbrales. La norma sobre los mezcladores declaraba el mezclado internacional de transacciones «amenaza prioritaria de blanqueo» e introducía medidas estrictas de rendición de cuentas. Ambos documentos estuvieron años en el limbo, suscitando críticas por sus formulaciones difusas y por el riesgo de presionar a los usuarios comunes.
La razón oficial son los comentarios del mercado y el rumbo de la administración hacia normas «adecuadas al objetivo». Los funcionarios reconocieron que una definición amplia del mezclado podría obstaculizar acciones legítimas de protección de la privacidad. No es la derogación de todos los requisitos de lucha contra el blanqueo, sino solo el abandono de capas adicionales que nunca llegaron a entrar en vigor.
Para el tenedor común de criptomonedas, la decisión significa que el control sobre las propias claves sigue siendo en mayor medida un asunto personal. Los bancos y las plataformas ya no están obligados a recopilar automáticamente información sobre sus transferencias a un monedero personal. Sin embargo, las normas básicas —la identificación de clientes, los informes de operaciones sospechosas y el cribado de sanciones— no han desaparecido.
El sentido oculto es otro: los reguladores reconocen que una vigilancia excesiva puede ahuyentar a los usuarios de las herramientas legales de privacidad y empujarlos hacia soluciones aún más opacas. El dinero, como el agua, busca el camino de menor resistencia, y las barreras rígidas a veces solo aceleran las rutas alternativas.
En definitiva, la derogación de las normas alivia parte de la presión sobre el sector, pero deja abierta la pregunta: dónde está la frontera entre proteger el sistema financiero y el derecho de una persona a disponer de sus fondos sin la mirada constante del Estado. El próximo paso de los reguladores aún no está claro.
