En Rusia, donde la criptomoneda existió durante mucho tiempo en una zona gris, su volumen agregado fue valorado inesperadamente en 3,7 billones de rublos — alrededor de 44 mil millones de dólares. El viceministro de Finanzas, Iván Chebeskov, dio a conocer estas cifras en el Foro Financiero de Moscú, citando estimaciones de expertos: más de 20 millones de personas poseen activos digitales directamente o a través de productos relacionados. El volumen de operaciones diario alcanza, además, los 50 mil millones de rublos.
Las cifras lucen imponentes frente a los datos oficiales del Banco Central, que anteriormente había registrado en las plataformas solo 720 mil millones de rublos en el primer trimestre. La brecha se explica de forma sencilla: una parte considerable de las operaciones y del almacenamiento sigue ocurriendo fuera de la jurisdicción rusa. Precisamente en esos flujos offshore están ahora puestos los ojos de las autoridades.
La nueva ley sobre monedas digitales, que entró en vigor en septiembre, introduce la licencia obligatoria para los cambistas y depositarios, y a partir de julio de 2027 año — la responsabilidad penal por la organización ilegal de comercio. Al mismo tiempo, las transacciones civiles ordinarias quedan fuera de la zona de sanciones severas. Los reguladores prometen crear una infraestructura transparente, incluidas stablecoins rusas, pero advierten: si un emisor extranjero congela los activos, las pérdidas recaerán sobre el inversor.
Detrás de esta lógica hay un interés comprensible del Estado: recuperar el control sobre unos flujos que cada año se estiman en 10 billones de rublos. Mientras tanto, una parte significativa del capital y de las transacciones se escapa de la tributación y la supervisión, como agua entre los dedos. Atraer los activos hacia los depositarios nacionales debería, según el plan, reducir los riesgos de blanqueo y, a la vez, otorgar al mercado legitimidad ante los actores institucionales.
Para el tenedor común de cripto, esto significa una elección: o permanecer en la sombra con el riesgo de bloqueos y pérdidas, o pasar bajo el ala del regulador con sus reglas y comisiones. La analogía aquí es simple: como un jardinero que decide si dejar las plantas raras en un invernadero silvestre o trasplantarlas a un invernadero controlado, donde crecerán, pero bajo vigilancia.
La diferencia en las estimaciones — desde 720 mil millones según el Banco Central hasta 3,7 billón según el Ministerio de Finanzas — recuerda cuán frágiles son los datos en este ámbito. Los expertos señalan que el panorama real puede ser aún más amplio, y la afluencia de nuevos usuarios en 2027 podría añadir otros 10 millones de personas.
En definitiva, el Estado no solo constata el crecimiento del mercado, sino que busca atraerlo hacia su propio contorno: con garantías para sí mismo y advertencias para los participantes. La pregunta que ahora se plantea ante cada tenedor de activos digitales es cuán cómodo resulta vivir en este nuevo espacio, más transparente, pero también más controlado.
