En febrero de 2026, la presidencia sancionó una ley que equipara oficialmente las divisas digitales a la propiedad, aunque estrictamente para fines del código penal. Esta normativa entró en vigor el 3 de marzo: desde ahora, los investigadores judiciales tienen la facultad de incautar bitcoines y ethers del mismo modo que embargan viviendas o vehículos. Lo paradójico es que aquello que antes se consideraba «dinero sin dueño» ha adquirido de pronto un estatus que el Estado es capaz de proteger y, al mismo tiempo, de confiscar.
Hasta este momento, las criptomonedas en Rusia operaban en un vacío legal. Se permitía su minería y tenencia, pero los tribunales solían desestimar estos activos en procesos de divorcio, quiebras o causas penales. No obstante, el panorama ha dado un giro. La Ley Federal n.º 38-FZ introdujo modificaciones en el artículo 104.1 del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa: los fondos digitales se convirtieron en bienes sujetos a decomiso, embargo y transferencia a una dirección de identificación estatal. Dicho procedimiento exige la intervención de un especialista y el precintado del soporte físico, detalles técnicos que anteriormente no estaban contemplados.
Tras esta medida subyacen intereses muy claros. El Estado se dota de un instrumento para combatir el blanqueo de capitales y la corrupción, facilitando además el cobro de deudas e impuestos. Paralelamente, los titulares de estos activos obtienen por primera vez amparo judicial: el Tribunal Constitucional ratificó ya en enero que los derechos de propiedad sobre las criptomonedas deben ser protegidos. En la práctica, esto supone que los activos ahora pueden repartirse en un divorcio, heredarse o incluirse en un concurso de acreedores, si bien ocultarlos resultará cada vez más difícil.
Imaginemos a una familia común de la periferia de Moscú: el marido guardaba parte de sus ahorros en bitcoines sin que su esposa lo supiera. Antes, en un reparto de bienes, estas monedas virtuales podían simplemente «desvanecerse» de las cuentas. Ahora, el tribunal exigirá una rendición de cuentas y la cónyuge podrá reclamar su parte proporcional. La analogía es sencilla: un bosque salvaje se ha transformado en una parcela vallada; los árboles son los mismos, pero la cerca ya está instalada y el dueño está identificado.
Para el inversor particular, las consecuencias son ambivalentes. Por un lado, el estatus legal agiliza las gestiones con entidades bancarias y notarías. Por otro, aumenta la probabilidad de inspecciones fiscales y bloqueos de fondos. Ya se encuentran en fase de debate nuevas enmiendas que permitirían al Banco de Rusia regular la circulación de criptodivisas e imponer requisitos a las casas de cambio. Las adquisiciones a través de plataformas extranjeras con tarjetas rusas podrían volverse sumamente complicadas.
El interrogante principal ya no es si «se puede poseer cripto», sino «cómo declararlo correctamente». Quienes consideran desde hace tiempo los activos digitales como una vía de diversificación cuentan ahora con una protección extra. Quienes confiaban en el anonimato total se enfrentan a un riesgo añadido. En última instancia, el Estado no ha prohibido las criptomonedas, sino que simplemente las ha regularizado, tal como hizo en su día con las cuentas en divisas extranjeras y las propiedades inmobiliarias en el exterior.
