La esposa del primer ministro de España, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se sentará en el banquillo acusada de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El juez instructor Juan Carlos Peinado dictó el lunes un auto de apertura de juicio oral.
La decisión se produjo después de que en julio la Audiencia Provincial de Madrid autorizara la continuación del proceso. Junto a Gómez se sentará también en el banquillo su asistente Cristina Álvarez, que trabajaba en la residencia de La Moncloa.
Las acusaciones se refieren al uso que hizo Gómez de sus contactos para impulsar su carrera y a la dirección conjunta de un programa en la Universidad Complutense de Madrid. Según la investigación, atrajo recursos públicos y empleados del Gobierno en beneficio privado.
Gómez niega todas las acusaciones. La Fiscalía también considera que no se ha establecido la existencia de delito y pide la absolución. Al mismo tiempo, la organización ultracatólica Hazte Oír, que ejerce de acusación particular, pide para Gómez 13 años de prisión.
El caso pasará ahora a un tribunal superior, que fijará la fecha de las vistas. El plazo exacto del inicio del proceso aún no está determinado, pero se espera que no se celebre antes del año que viene.
No es el único problema para el Gobierno de Sánchez: en los últimos meses también han quedado bajo investigación otras figuras cercanas a él. ¿Cómo influirán estos procesos en la situación política del país?
Sánchez defendió anteriormente a su esposa, calificando la investigación de políticamente motivada. Los procesos judiciales añaden tensión a un año ya de por sí difícil para los socialistas.
