El primer ministro de España, Pedro Sánchez, anunció la celebración de elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre. La decisión se produjo tras el fracaso de dos proyectos de ley destinados a combatir la crisis de la vivienda.
Sánchez informó al rey Felipe VI y convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para disolver el Parlamento. En un principio, las elecciones estaban previstas para el verano de 2027.
La cuestión de la vivienda se ha convertido en uno de los temas más candentes para los españoles. En las grandes ciudades y en la costa se dispararon los alquileres y los precios de la vivienda. El descontento social se intensificó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de un piso en Madrid: su alquiler se disparó de 500 a 2650 euros.
El Gobierno propuso prohibir los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, aumentar los impuestos a los pisos turísticos y limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión. Ninguno de los dos proyectos de ley obtuvo la mayoría necesaria en el Congreso.
En contra se pronunciaron el conservador Partido Popular, la ultraderechista Vox y el partido catalán Junts per Catalunya. Este último, pese a las negociaciones con el Gobierno, se negó a apoyar unas medidas que protegen los derechos de los arrendatarios.
Sánchez subrayó que, para resolver los problemas sociales, se necesita un apoyo progresista más amplio en el Parlamento. «Ahora la pelota está en su tejado», dijo en un mensaje al país.
Las protestas contra la política de vivienda se extendieron por todo el país. ¿Cómo repercutirá esta crisis en el resultado de las elecciones y logrará el nuevo Parlamento alcanzar un compromiso en los asuntos clave?
El Gobierno minoritario de Sánchez lleva ya ocho años apoyándose en frágiles coaliciones con fuerzas de izquierda, regionales y separatistas. El fracaso de los proyectos de ley volvió a demostrar lo difícil que es impulsar una agenda en tales condiciones.
