El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado la implementación de una prohibición de acceso a las redes sociales para todos los usuarios menores de 16 años. El anuncio se realizó el 15 de junio de 2026 en Downing Street.
Esta medida afectará a plataformas populares, entre las que se incluyen Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. El plan prevé que la restricción entre en vigor en la primavera de 2027, mientras que los proyectos de ley correspondientes se presentarán ante el Parlamento antes de Navidad.
Starmer destacó que las redes sociales restan felicidad a los niños, facilitan el acoso y están diseñadas para generar adicción. El Gobierno desea devolver la infancia a los menores, protegiéndolos de contenidos perjudiciales y del tiempo excesivo frente a las pantallas.
La decisión sigue la estela de una medida similar adoptada por Australia y se fundamenta en los resultados de una consulta nacional en la que participaron más de 116.000 personas. Nueve de cada diez padres y dos tercios de los jóvenes respaldaron las restricciones.
Además de la prohibición total para los menores de edad, las autoridades introducirán normativas estrictas para las plataformas denominadas «seguras», que incluyen el veto a los mensajes efímeros, a la comunicación con adultos desconocidos y a las transmisiones en vivo. Limitaciones similares se aplicarán a los servicios de videojuegos y al live streaming.
Aún no se ha especificado de qué manera se verificará la edad ni cómo se garantizará el cumplimiento de las normas. La cuestión de su implementación práctica sigue abierta.
La medida forma parte de un paquete más amplio para la protección de los menores en internet, establecido en la Ley de Bienestar Infantil y Escuelas de 2026 (Children’s Wellbeing and Schools Act 2026). Previamente, la Cámara de los Lores ya había manifestado su apoyo a enmiendas de esta índole.
Se espera que las nuevas regulaciones afecten significativamente la operatividad de las grandes compañías tecnológicas en el Reino Unido y sienten un precedente para otros países que evalúan restricciones semejantes.
