Hoy, 2 de junio de 2026, Donald Trump ha ratificado un decreto presidencial sobre inteligencia artificial. La norma se titula «Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security». Si ha leído informaciones sobre un «mandato embrionario» que exija la entrega obligatoria de todos los pesos, bases de datos y registros antes del lanzamiento, puede estar tranquilo. Estamos ante una situación totalmente distinta. Analicemos con honestidad qué dice realmente el texto y qué cambios supone en la práctica.
Contexto: por qué el decreto surge en este momento
Durante el mes de mayo, la Casa Blanca preparaba una versión mucho más severa de esta normativa. Aquella propuesta incluía un periodo de acceso previo de 90 días y una supervisión más exhaustiva de los modelos. Trump detuvo la firma en el último momento. Declaró abiertamente que no desea ninguna medida que pueda frenar el liderazgo estadounidense mientras se mantenga la ventaja estratégica sobre China.
El decreto de hoy representa un compromiso alcanzado tras dialogar con el sector tecnológico, incluidos aquellos que en mayo presionaron para frenar la regulación. El resultado final es sensiblemente más moderado.
Lo que establece realmente el decreto
El punto fundamental reside en la Sección 3. En ella se establece un mecanismo de carácter voluntario para los sistemas más potentes, definidos como «modelos de frontera» (covered frontier models).
Bajo este esquema, los desarrolladores tienen la facultad de actuar por iniciativa propia:
- Solicitar al gobierno que determine si su modelo se encuadra específicamente en la categoría de «frontera».
- Conceder acceso al sistema por un periodo de hasta 30 días antes de que sea compartido con otros socios de confianza.
- Colaborar en la designación de dichos socios para mitigar con mayor rapidez las brechas de seguridad en infraestructuras críticas.
A esto le sigue una advertencia tajante recogida en la Sección 3(c):
«Nada en esta sección podrá interpretarse como la instauración de licencias gubernamentales obligatorias, aprobación previa o autorización para el lanzamiento de modelos».
No hay mención alguna a la entrega forzosa de pesos completos, arquitectura interna, conjuntos de datos o registros de aprendizaje. El acceso está destinado exclusivamente a la evaluación de riesgos cibernéticos, analizando si el modelo puede detectar fallos o crear ataques por su cuenta. Todo ello se realizará bajo acuerdos de confidencialidad y garantizando la protección de la propiedad intelectual.
Además, el decreto crea una «cámara de compensación de ciberseguridad para la IA» de carácter voluntario, un foro donde el Tesoro, la NSA y la CISA colaborarán con las empresas para detectar y distribuir parches rápidamente. Una vez más, la participación en este organismo es facultativa.
El verdadero propósito de la medida
El motivo real de esta acción es que los modelos están adquiriendo capacidades cibernéticas verdaderamente peligrosas. Demostraciones recientes, como el sistema Mythos de Anthropic, han revelado que la IA puede identificar y explotar fallos de seguridad más rápido de lo que los humanos pueden subsanarlos. El gobierno quiere tener la oportunidad de examinar los sistemas más potentes con antelación, no para prohibirlos, sino para comprender mejor los desafíos a los que se enfrentará.
No se trata de una cuestión de «seguridad genérica» y mucho menos de censura política o de evitar que el modelo critique al poder. El enfoque es estrictamente técnico y se limita de forma estrecha a las amenazas cibernéticas.
Quiénes ganan y quiénes salen en desventaja
Los grandes actores del sector, como OpenAI, Google, Anthropic, xAI y Meta, se encuentran en una posición cómoda. Estas corporaciones ya disponen de departamentos de cumplimiento normativo y sólidos vínculos en Washington. Pueden decidir su participación de forma estratégica según sus intereses sin tener que comprometer sus activos de inmediato.
Para las startups y empresas de nivel medio, el escenario es algo más complejo. Si una firma desarrolla un modelo de frontera pero carece de un gran equipo legal, el mecanismo «voluntario» podría transformarse en la práctica en una presión silenciosa para colaborar. No obstante, sobre el papel no existe ninguna coacción legal.
Respecto a China, el decreto se presenta precisamente como una herramienta para preservar la hegemonía tecnológica estadounidense. No se busca frenar el progreso propio, sino fortalecer la infraestructura nacional y reaccionar con mayor agilidad ante las amenazas externas. La lógica de Trump es persistente: es preferible supervisar los modelos propios antes que ceder cualquier ventaja competitiva a Pekín.
Riesgos reales (sin caer en conspiraciones)
Incluso los mecanismos voluntarios tienden a volverse cuasi-obligatorios con el paso del tiempo. Si la participación condiciona los contratos públicos, las subvenciones o la reputación corporativa, todas las empresas acabarán sumándose de forma «voluntaria». Además, cualquier información que llegue a manos de la NSA y la CISA constituye datos sumamente sensibles. Teóricamente, las filtraciones son posibles, aunque el nivel de protección estatal sea superior al de una startup convencional.
En términos generales, la orden refleja el estilo clásico de Trump: identifica un problema real de ciberseguridad pero propone una solución mínimamente invasiva para no lastrar el ritmo de innovación. Es una continuación de su línea política basada en eliminar barreras regulatorias en lugar de imponer otras nuevas.
Lo que esta orden no representa
Este decreto no trata sobre la censura de las respuestas generadas por los modelos. No busca establecer un control político sobre aquello que la inteligencia artificial «puede decir». No tiene como fin que el gobierno entrene modelos de forma encubierta para actividades de desinformación o ataques informáticos. Y, por supuesto, no pretende que el Estado se convierta en coautor de cada nuevo desarrollo tecnológico.
Conclusión
En definitiva, la orden del 2 de junio busca un equilibrio delicado: otorgar al Estado la posibilidad de detectar los riesgos cibernéticos más graves sin crear una pesadilla burocrática ni perder el liderazgo frente a China.
El tono final es moderado precisamente porque el propio Trump frenó una versión mucho más dura en mayo. Lo más probable es que la industria tecnológica reciba estas medidas con una profunda sensación de alivio.
