La Corte Suprema de Perú dictó el 23 de enero de 2025 que la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo contra su detención preventiva es infundada, lo que significa que permanecerá en custodia mientras es investigado por rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado.
La apelación de Castillo buscaba anular el mandato de detención preventiva impuesto en 2022, pero la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, afirmó que el riesgo de fuga de la justicia sigue siendo significativo. La corte señaló la gravedad de los cargos en su contra, que incluyen rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
La fiscalía está solicitando una pena de 34 años de prisión para Castillo, así como una inhabilitación de tres años y medio para ejercer cargos públicos. La corte enfatizó que no han surgido nuevas pruebas que alteren la situación jurídica de Castillo, por lo que la detención preventiva se mantiene.
Se destacaron las preocupaciones sobre la posible fuga de Castillo, haciendo referencia a su intento de llegar a la Embajada de México en Lima tras el anuncio del golpe el 7 de diciembre de 2022. La corte recordó las declaraciones del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la solicitud de asilo político de Castillo.
La esposa de Castillo y sus dos hijos menores ya han recibido asilo en México y actualmente residen allí tras su arresto y procesamiento.