El 28 de noviembre de 2024, el Senado mexicano, dominado por el partido MORENA y sus aliados, aprobó la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Esta decisión sigue a la abolición previa del poder judicial como un contrapeso independiente al poder ejecutivo, promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El INAI, que ha estado en funcionamiento durante 22 años, ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno mexicano. Su eliminación ha suscitado amplias preocupaciones entre los ciudadanos y observadores internacionales, quienes ven esto como un paso significativo hacia el autoritarismo.
Los críticos argumentan que estos cambios reflejan un deslizamiento hacia el autoritarismo que recuerda la era del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la política mexicana durante 70 años. El PRI era conocido por su manipulación de la justicia y represión de la disidencia, un legado que muchos temen que esté siendo revivido bajo la administración actual.
Los partidarios de las reformas afirman que son necesarias para agilizar las operaciones gubernamentales y eliminar lo que consideran ineficiencias burocráticas. Sin embargo, la falta de supervisión independiente genera alarmas sobre posibles abusos de poder y un regreso a la gobernanza opaca.
Históricamente, el INAI ha sido fundamental para descubrir la corrupción y promover la rendición de cuentas. Su disolución se considera un ataque directo a los mecanismos que han permitido a la sociedad civil responsabilizar al gobierno.
A medida que el panorama político en México evoluciona, las implicaciones de estos cambios para la democracia y los derechos humanos siguen siendo inciertas. La comunidad internacional está monitoreando de cerca la situación, con muchos pidiendo la restauración de instituciones independientes para salvaguardar los principios democráticos.