El 11 de noviembre de 2024, representantes de las organizaciones humanitarias Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) solicitaron una investigación penal contra la junta directiva del Congreso de El Salvador. La solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) menciona supuestos incumplimientos de deberes y actos arbitrarios.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, indicó que el aviso legal fue motivado por la negativa del Congreso a aceptar una petición de víctimas sobre las visitas a cárceles bajo el régimen de excepción actual. Joya afirmó: "¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y responder a sus peticiones; no hacerlo constituye hechos delictivos."
La denuncia se dirige contra varios funcionarios, incluido el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, y las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas, todos del partido oficialista Nuevas Ideas. Además, se pidió investigar a Reynaldo Cardoza del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Samuel Ramírez, de MOVIR, informó que la Asamblea Legislativa se negó a aceptar una solicitud de derogación de cualquier normativa que impida las visitas familiares en las cárceles, enfatizando que dichas visitas son un derecho para las familias.
A principios de noviembre, el Parlamento salvadoreño, dominado por el partido oficialista, aprobó la trigésima segunda ampliación del estado de excepción, que ha suspendido las garantías constitucionales desde marzo de 2022. Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en marzo de 2022, atribuido al colapso de un pacto entre el gobierno y las pandillas.
Desde la implementación de esta medida extraordinaria, se han realizado más de 83,100 detenciones, convirtiéndose en la principal estrategia del gobierno contra las pandillas. Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
El gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de torturas y otras violaciones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).