El 1 de enero de 2025, el gobierno de transición de Bangladesh, liderado por Muhammad Yunus, se encuentra bajo un creciente escrutinio internacional respecto a las condiciones de derechos humanos en el país. Informes recientes han resaltado ataques a minorías hindúes y la destrucción de lugares de culto.
La semana pasada, Yunus se reunió con el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, donde ambos líderes reafirmaron su compromiso de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su religión. Este encuentro se produce en medio de crecientes quejas de comunidades hindúes y otras minorías sobre el acoso bajo el gobierno interino tras la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024.
En un incidente reciente, se informó que 17 casas de la comunidad cristiana Tripura en el distrito de Bandarban fueron incendiadas en la víspera de Navidad. La oficina de Yunus condenó el ataque, describiéndolo como 'triste e inaceptable'. A pesar del aumento de la seguridad en Bandarban, el Rights and Risks Analysis Group (RRAG) criticó a Yunus por no abordar las crecientes violaciones a los derechos de las minorías religiosas e indígenas.
El RRAG informó de violaciones graves, señalando que más de 272,000 personas, principalmente opositores políticos, han sido implicadas en 1,598 casos penales durante los primeros 100 días de la administración de Yunus. Entre el 19 de septiembre y el 1 de octubre, al menos cuatro personas fueron reportadas muertas y más de 75 heridas.
El activista de derechos humanos Nur Khan Liton dijo que las personas involucradas en casos penales a menudo enfrentan ataques físicos durante la detención. En respuesta a las crecientes preocupaciones, Yunus afirmó que los informes sobre violaciones de derechos humanos han sido exagerados.
Durante una visita reciente a Dhaka, el ministro de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, y su homólogo bangladesí, Mohammad Jashim Uddin, discutieron la importancia de la no injerencia en los asuntos internos de Bangladesh. Uddin enfatizó que todos los grupos religiosos en Bangladesh son libres de practicar sus creencias sin intervención extranjera.
Se han reportado muertes de varios líderes de alto nivel del Partido Liga Awami, anteriormente dirigido por Hasina, en custodia, lo que ha suscitado serias preocupaciones y controversias. En solo 29 días, se informó que cuatro líderes de la Liga Awami murieron de 'ataques cardíacos' mientras estaban detenidos, aumentando el número total de miembros del antiguo partido que han muerto en custodia policial a al menos diez en los últimos cuatro meses.
Los miembros de la familia insisten en que había signos de tortura en los cuerpos de las víctimas. El exministro de Información y Radiodifusión, Mohammad Ali Arafat, sugirió que la misteriosa muerte de estos líderes finalmente se esclarecerá.
Los periodistas alineados con el gobierno de Hasina han informado haber enfrentado acoso bajo la administración de Yunus, que es acusada de reprimir sistemáticamente los medios de comunicación independientes. El RRAG documentó más de 354 casos de acoso a periodistas, 74 casos de violencia reportados y 113 cargos penales presentados contra periodistas.
El Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras han instado al gobierno a garantizar procesos legales justos y a respetar los derechos procesales de los periodistas. El editor de noticias senior Masood Kamal señaló que los periodistas que apoyan al antiguo gobierno han perdido sus empleos bajo el régimen interino.
Los abogados también han enfrentado dificultades para representar a aquellos que se oponen al gobierno interino. El destacado abogado de derechos humanos ZI Khan Panna expresó serias preocupaciones sobre el deterioro del entorno legal, destacando casos en los que los abogados anti-gubernamentales han sido atacados en los tribunales y luego acusados erróneamente de delitos adicionales.
El gobierno interino de Yunus ha enfrentado críticas generalizadas por otorgar impunidad a quienes son responsables de la muerte de 44 oficiales de policía durante protestas estudiantiles. El abogado Andaleeve Rahman, líder del Partido Jatiya de derecha, expresó su preocupación por el precedente negativo que esta impunidad establece, criticando la falta de una investigación sobre las muertes y advirtiendo que tales acciones podrían desmoralizar a la policía.