La organización humanitaria Socorro Jurídico Humanitario (SJH) lanzó el 2 de octubre de 2024 una campaña denominada 'Prueba de Vida' para conocer el estado de las personas supuestamente detenidas de forma arbitraria en El Salvador. Esta iniciativa surge del estado de excepción que el gobierno ha implementado para combatir la violencia de las pandillas.
La SJH destacó la total falta de comunicación sobre las condiciones de los detenidos y pidió a los jueces que ordenen exámenes médicos por parte del Instituto de Medicina Legal para aquellos en prisión. La organización, que brinda asistencia legal a las familias de los detenidos, informó que algunos liberados han sido encontrados gravemente enfermos, sufriendo de insuficiencia renal crónica e irreversible.
El estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales, fue implementado tras el asesinato de más de 80 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022. Investigaciones sugieren que estos asesinatos resultaron de una ruptura en un acuerdo entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas criminales.
Con más de 81,900 arrestos realizados bajo este régimen, se ha convertido en la estrategia principal del gobierno contra las pandillas, contribuyendo a la reelección inmediata de Bukele a pesar de las prohibiciones constitucionales. Las organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han reportado más de 300 muertes bajo custodia estatal, muchas con signos de violencia.