El 25 de junio de 2026, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a fomentar la agricultura regenerativa y potenciar la resiliencia de los agricultores estadounidenses.
La agricultura regenerativa constituye un enfoque de cultivo que no solo se centra en la producción, sino que restaura activamente el suelo, la biodiversidad y los ciclos naturales de las explotaciones agrarias. El concepto fundamental reside en lograr que la tierra sea más saludable con el paso del tiempo que antes de ser trabajada: incrementando la materia orgánica, optimizando la estructura del terreno, mejorando la retención de agua y estimulando la actividad microbiana beneficiosa.
El texto hace referencia a un decreto previo de febrero de 2025 que estableció la comisión Make America Healthy Again (MAHA). Bajo esta iniciativa, los departamentos de Salud, Agricultura y Protección Ambiental ya han destinado más de 1.000 millones de dólares a la modernización de las granjas.
La orden destaca que tanto agricultores como ganaderos en Estados Unidos están adoptando cada vez más prácticas regenerativas en sus tierras. Dichos métodos fortalecen la salud del suelo y reducen los costes operativos, lo que eleva la rentabilidad de las explotaciones sin sacrificar el rendimiento de las cosechas.
La política de la administración se enfoca en el desarrollo de tecnologías de agricultura de precisión, el aumento de la inversión federal en investigación y formación técnica, así como en el estímulo de la innovación privada mediante la desburocratización.
Ciertos apartados del decreto abordan la agilización del registro de sustancias alternativas ante la EPA, el etiquetado preciso de productos químicos y el desarrollo de marcos para evaluar el impacto acumulativo de los químicos en la salud pública.
El Departamento de Agricultura tiene la tarea de aprovechar al máximo y ampliar el actual programa piloto de agricultura regenerativa, apoyándose incluso en alianzas público-privadas.
¿De qué manera influirán estas medidas en la labor cotidiana de los productores durante los próximos años?
El decreto no otorga nuevos derechos ni impone obligaciones adicionales a lo estipulado en la legislación vigente, y su ejecución queda sujeta a la disponibilidad de las partidas presupuestarias.
