Según un comunicado oficial del Banco Central de Cuba publicado el 3 de junio de 2026, un banco procesador extranjero suspenderá las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard en la isla a partir del 6 de junio debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Esta medida ha tenido un impacto inmediato en los flujos financieros de la nación caribeña.
El historial de estas restricciones se remonta al prolongado enfrentamiento entre Washington y La Habana. Las nuevas disposiciones, que buscan limitar aún más el acceso de la economía cubana a los canales financieros internacionales, incrementan la presión sobre un sistema que ya es vulnerable. El motivo principal es el decreto emitido por Trump el 1 de mayo de 2026 referente a las sanciones secundarias.
Para el ciudadano cubano promedio, esto se traduce en dificultades prácticas: las remesas familiares desde el exterior, el pago de productos importados y las operaciones bancarias básicas se vuelven más complejas. La suspensión afecta directamente al sector turístico y a las pequeñas empresas, que dependen estrechamente de los pagos con tarjeta.
Diversos analistas señalan que estos pasos siguen la lógica de paquetes de sanciones anteriores, en los que las herramientas financieras se utilizan como mecanismos de presión. Los efectos se han manifestado rápidamente, registrándose anomalías en las transacciones apenas unos días después del anuncio.
Históricamente, Cuba se ha adaptado al aislamiento mediante el desarrollo de esquemas alternativos a través de naciones aliadas y el uso de efectivo. En la isla seguirán operando las tarjetas del sistema de pagos ruso "Mir" y del chino UnionPay, además de la circulación de moneda física. Sin embargo, las restricciones actuales golpean sectores que anteriormente gozaban de una protección relativa.
En definitiva, el cese del servicio de Visa y Mastercard demuestra cómo las redes financieras globales se convierten en instrumentos geopolíticos, dejando a la población local expuesta a las consecuencias. Cabe destacar que las propias redes de pago no han emitido una declaración oficial; la decisión fue tomada por el banco procesador extranjero ante el temor de enfrentar sanciones secundarias.
