El lunes 18 de mayo de 2026, se informó que un tribunal español dictaminó la devolución de más de 55 millones de euros (aproximadamente 64 millones de dólares) a la cantante colombiana Shakira, tras concluir que dicha suma fue recaudada de forma improcedente en una disputa fiscal relativa al ejercicio 2011.
La sentencia indica que la administración no pudo probar que la artista fuera residente fiscal en España durante ese año, lo que invalida las liquidaciones y sanciones impuestas anteriormente. El importe total del reembolso se desglosa en unos 24 millones de euros por IRPF, casi 25 millones en multas e intereses de demora, lo que sitúa la cifra definitiva por encima de los 60 millones de euros.
La intérprete, que fijó su residencia en Barcelona, ha protagonizado un largo proceso por presunto fraude fiscal que generó un gran interés mediático a nivel mundial durante años. Su equipo legal subrayó que la cantante siempre ha actuado con voluntad de cumplir sus obligaciones tributarias y celebró lo que consideran un fallo judicial justo.
Este caso pone de relieve la relevancia de la seguridad jurídica para los personajes públicos y podría influir en la resolución de procesos similares, al evidenciar que el Estado debe reintegrar cuantiosas sumas si se demuestra que las reclamaciones carecían de base legal, independientemente de la antigüedad del litigio.
