BRASILIA, Brasil -- Varios estados de Brasil están intentando debilitar las protecciones de la selva tropical, respondiendo a las demandas de ganaderos y cultivadores de soja por más tierras agrícolas. Este cambio va en contra de los esfuerzos del presidente Luiz Inacio Lula da Silva para reducir la deforestación en la Amazonía, poniendo en riesgo el compromiso del país de detener la deforestación para 2030.
Alice Thuault, directora ejecutiva del Instituto Centro de Vida, señaló un retroceso coordinado en los esfuerzos de conservación, destacando la fragilidad de los avances en algunas regiones. Los nueve estados amazónicos de Brasil gestionan casi 220,000 millas cuadradas de tierras de conservación y 12,600 millas cuadradas de bosques públicos sin designación de protección.
El estado de Acre aprobó recientemente una ley que permite la privatización de aproximadamente 347 millas cuadradas de bosque protegido, con el objetivo de legalizar el estatus de personas que se han asentado ilegalmente en áreas de conservación. La ley ha recibido apoyo de organizaciones de agronegocios que abogan por una reducción de las regulaciones ambientales.
En respuesta a la legislación, la secretaria de Medio Ambiente de Acre, Julie Messias, renunció, citando posibles problemas constitucionales. La implementación de la ley se ha pospuesto hasta el 1 de enero para una evaluación legal.
Las tasas de deforestación en Acre aumentaron tras la aprobación de la ley, con actividades ilegales creciendo más de tres veces en comparación con el año anterior. En el estado vecino de Rondonia, las autoridades locales están tratando de anular unidades de conservación y han informado de daños extensos por incendios vinculados a esfuerzos de apropiación de tierras.
Además, se han producido cambios significativos en el Moratorio de Soja, un acuerdo diseñado para prevenir la compra de soja cultivada en tierras recientemente deforestadas, en Mato Grosso y Rondonia, lo que ha suscitado preocupaciones entre grupos ambientales. Los críticos argumentan que el moratorio es ilegal, mientras que el gobierno de Mato Grosso afirma que aplica estrictas regulaciones ambientales.
Brasil es el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, con casi la mitad de sus emisiones derivadas de la deforestación. La selva amazónica desempeña un papel vital en la regulación del clima y alberga una vasta biodiversidad.