El gobierno de los Estados Unidos anunció la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras y Nicaragua, efectiva a partir del 3 de septiembre de 2025.
Esta decisión afecta a aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que actualmente residen en Estados Unidos bajo el TPS.
El Departamento de Seguridad Nacional citó mejoras en ambos países desde el establecimiento inicial del programa en la década de 1990. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos analistas cuestionan la sostenibilidad de estas mejoras y su impacto en la seguridad de los retornados.
Se ofrece un período de transición de 60 días, durante el cual las personas afectadas podrán seguir trabajando. Este plazo busca mitigar el impacto social y económico de la medida.
Grupos de defensa han criticado la decisión, expresando preocupación por el impacto en las familias y comunidades. Destacan la importancia de considerar las circunstancias individuales y los lazos familiares.
Esta medida sigue acciones similares de la administración, lo que indica un cambio en la política de inmigración estadounidense. Este tipo de decisiones reflejan una tendencia global hacia una mayor regulación migratoria, similar a las políticas implementadas en algunos países de la Unión Europea, donde también se debaten intensamente las políticas de asilo y protección.