El 24 de enero de 2025, la Asamblea Nacional de Pakistán aprobó una legislación significativa destinada a regular los derechos digitales, que incluye la creación de la Autoridad de Protección de Derechos Digitales (APRD). Esta autoridad tendrá el poder de eliminar contenido ilegal, regular las redes sociales e imponer multas por violaciones.
Los expertos han expresado preocupaciones de que, aunque el gobierno afirma que la ley tiene como objetivo combatir la desinformación, su lenguaje vago representa una amenaza para los periodistas, permitiendo al gobierno etiquetar cualquier información disidente como falsa o como un problema de seguridad nacional. Los críticos argumentan que el gobierno está obstruyendo el flujo de información precisa mientras afirma combatir las noticias falsas.
La periodista senior Asma Shirazi enfatizó que proporcionar información precisa es responsabilidad del gobierno, afirmando que sin garantizar un flujo libre de información, es difícil prevenir la propagación de la desinformación. Los periodistas han expresado frustración por la reticencia de los portavoces del gobierno a responder preguntas que la ley exige.
Las enmiendas recientes a la ley han ampliado la definición de contenido ilegal para incluir material que promueva la violencia, el odio o que perjudique la seguridad nacional. La ley aprobada otorga al gobierno la autoridad para bloquear sitios web, aplicaciones o canales de comunicación que violen estos principios.
Se han propuesto severas penas por difundir información falsa, incluyendo hasta tres años de prisión y multas de hasta dos millones de rupias. Además, se establecerá un nuevo Tribunal de Protección de Redes Sociales para acelerar los casos relacionados con delitos en línea, que deberá emitir decisiones en un plazo de 90 días.
Los expertos legales argumentan que términos como violencia, odio y seguridad nacional son ambiguos y pueden ser objeto de interpretación. El abogado senior Hamid Khan señaló que el término seguridad nacional ha sido históricamente mal utilizado en el país, permitiendo a las entidades poderosas manipular su significado.
El uso del término seguridad nacional sin aclaración ha sido un tema controvertido entre la población educada. Shirazi advirtió que este término podría ser mal utilizado para suprimir la disidencia, citando posibles repercusiones por informar sobre la corrupción dentro del ejército.
Aunque hay consenso sobre la necesidad de frenar la desinformación, continúan los debates sobre la necesidad de esta ley en particular. Tanto Khan como Shirazi coinciden en que las leyes de difamación existentes son adecuadas y cuestionan la necesidad de una nueva autoridad. Khan calificó la ley de vergonzosa, afirmando que está diseñada para restringir la libertad de los medios y silenciar narrativas opuestas.
La aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional ha provocado un intenso debate entre los periodistas, que temen que pueda poner en peligro la libertad de prensa y sofocar la cobertura crítica. Las organizaciones de periodistas han protestado contra el proyecto de ley, criticando su lenguaje ambiguo y la falta de consulta con representantes de los medios durante su formulación.
Afzal Butt, presidente de la Federación de Periodistas de Pakistán, cuestionó quién determinaría la veracidad de las noticias falsas bajo esta ley, destacando el largo proceso de apelaciones limitado a la Corte Suprema, lo que podría retrasar la justicia para los afectados. Sugerió que el gobierno debería haber colaborado con las partes interesadas para desarrollar una estrategia aceptable para abordar la desinformación.