El 23 de enero de 2025, Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó órdenes de arresto contra el líder talibán Haibatullah Akhundzada y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani. El fiscal citó motivos sustanciales para creer que son responsables de crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución por motivos de género.
Khan destacó la severa y continua persecución que enfrentan las mujeres, las niñas y las personas LGBTQ+ en Afganistán bajo el régimen talibán. Los informes indican que a estos grupos se les niegan derechos fundamentales, como la autonomía corporal, la libertad de movimiento, la educación y el derecho a la vida privada y familiar.
La represión de la disidencia por parte de los talibanes ha implicado asesinatos, encarcelamientos, torturas y violencia sexual. Según la CPI, estas persecuciones han estado en curso desde el 15 de agosto de 2021 en todo Afganistán.
La CPI en La Haya señaló que esta solicitud representa la fase inicial de órdenes de arresto dirigidas a la dirección talibana, con solicitudes adicionales anticipadas para otros miembros de alto rango talibanes. Los jueces de la corte ahora considerarán la solicitud, una decisión que puede tardar semanas o meses. Si se emiten órdenes, 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma estarán obligados a arrestar a las personas especificadas en sus territorios.
Los talibanes recuperaron el control de Afganistán a mediados de 2021, prometiendo inicialmente reformas liberales, pero rápidamente impusieron restricciones significativas a las mujeres y las niñas, incluidas prohibiciones de presencia pública, asistencia a escuelas secundarias y universidades, y oportunidades de empleo.
Akhundzada ha liderado a los talibanes desde 2016 y ha estado viviendo en Kandahar, Afganistán, desde la toma de poder, evitando apariciones públicas. Haqqani ha sido presidente de la Corte Suprema desde octubre de 2021.