El 21 de diciembre de 2024, el gobierno venezolano liberó a la periodista Ana Carolina Guaita, quien había sido detenida por cargos de terrorismo tras la reelección controvertida del presidente Nicolás Maduro. Guaita, reportera del medio crítico La Patilla, fue arrestada el 2 de agosto en La Guaira mientras cubría protestas que estallaron después de las elecciones del 28 de julio, que resultaron en disturbios generalizados.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó su liberación, señalando que pasó más de cuatro meses en custodia policial. Las protestas contra la reelección de Maduro dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos, incluidos muchos menores.
Esta liberación se produce poco después de que la Fiscalía General de Venezuela anunciara 200 nuevas liberaciones como parte de un plan de revisión de casos. Los informes oficiales afirman que un total de 733 personas han sido liberadas, cifra que es cuestionada por la ONG Foro Penal, que argumenta que el número real es menor.
Guaita es también hija de figuras políticas prominentes asociadas al partido Copei, ambos actualmente fuera del país. El Colegio Nacional de Periodistas informó que una docena de periodistas siguen encarcelados, incluidos aquellos involucrados en el activismo político.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció la liberación de 60 detenidos políticos tras las elecciones de julio. Indicaron que muchos fueron transportados clandestinamente desde las cárceles con vehículos oficiales y ambulancias, a menudo dejados en terminales sin medios para regresar a casa.
Las discrepancias entre los números de liberación oficiales y los reportados por las ONG han suscitado preocupaciones, con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionando la precisión de las cifras del gobierno. Señalaron la persistente opacidad gubernamental respecto a la información sobre detenidos y alegaciones de coerción contra los liberados y sus familias.
Las recientes liberaciones han coincidido con nuevas detenciones, incluyendo miembros del partido Vente Venezuela y figuras políticas locales. Además, han surgido informes de tres muertes en prisión, lo que ha llevado a la oposición a pedir documentación por parte de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.