El 16 de enero de 2025, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunció su negativa a reconocer los resultados de las recientes elecciones en Venezuela, alegando que no fueron libres desde el principio. Esta declaración se produce en un contexto de tensiones entre Colombia y Venezuela, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los opositores políticos.
Petro instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar a todas las personas detenidas durante y después de las elecciones, incluidos 12 ciudadanos colombianos que se encuentran en Venezuela. Enfatizó la importancia de la libertad en las Américas, afirmando que no deberían existir prisioneros políticos.
El presidente colombiano no asistió a la toma de posesión de Maduro el 12 de enero, optando en su lugar por enviar a su embajador a Caracas. Esta decisión refleja la creciente crítica de la administración colombiana hacia el acoso sistemático de las figuras de oposición por parte del gobierno venezolano.
Los comentarios de Petro siguieron a la liberación de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que promueve la libertad de expresión. Correa fue parte de una serie de detenciones que ocurrieron poco antes de la investidura de Maduro, en medio de denuncias de fraude electoral. Se informa que aproximadamente 83 personas fueron detenidas por razones políticas durante el inicio de enero.
El clima político en Venezuela ha estado marcado por disturbios generalizados y denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en 28 muertes y casi 200 heridos durante las protestas. Entre los arrestados, se reporta que tres personas fallecieron en prisión, lo que genera preocupaciones sobre abusos a los derechos humanos y la falta de atención médica adecuada.