El 18 de octubre de 2024, el Bundestag alemán aprobó un paquete integral de seguridad propuesto por la coalición gobernante, que incluye al Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y el Partido de los Demócratas Libres (FDP). El paquete consta de dos componentes principales: uno que aborda las leyes de inmigración y el porte de armas, y otro que amplía los poderes de la policía y los servicios de seguridad para combatir las amenazas terroristas de manera más efectiva.
Las nuevas medidas estipulan que los solicitantes de asilo que debían presentar su solicitud en otro Estado miembro de la UE bajo el Acuerdo de Dublín ya no tendrán derecho a prestaciones sociales si su deportación es legal y factualmente posible. Se harán excepciones para los casos que involucren a niños.
Los refugiados que viajen temporalmente a su país de origen y aquellos condenados por delitos antisemitas u homofóbicos también perderán su derecho a la protección. Además, la legislación busca facilitar la deportación de individuos cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas.
El paquete también endurece las leyes sobre armas, prohibiendo el porte de armas, incluidos cuchillos, en reuniones masivas, con excepciones específicas para ciertas profesiones. La ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), enfatizó que esta medida permite a los estados imponer prohibiciones adicionales sobre cuchillos, que pueden hacerse cumplir sin causa previa.
La segunda parte del paquete aprobado permite a la policía y los servicios de seguridad comparar datos biométricos en línea en casos específicos. El reconocimiento facial y de voz a través de aplicaciones automatizadas solo se permitirá con una orden judicial, solicitada por el jefe de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) o su adjunto. En situaciones de emergencia, el jefe del BKA puede emitir órdenes válidas por un máximo de tres días.
La oposición y las organizaciones humanitarias han criticado el paquete. Los partidos de la Unión (CDU/CSU) argumentaron que las medidas son insuficientes, con el portavoz de la CDU, Alexander Throm, calificándolo de 'en gran medida ineficaz'. La Alternativa para Alemania (AfD) criticó la política de inmigración, mientras que Clara Bünger, del Partido de la Izquierda, describió el paquete como 'una solución ineficaz para combatir el extremismo y el islamismo.'
El vicepresidente del FDP, Konstantin Kuhle, reconoció las deficiencias del paquete, pero lo consideró un paso en la dirección correcta. Konstantin von Notz, vicepresidente del grupo parlamentario de los Verdes, defendió los cambios legales como razonables y apropiados, advirtiendo que las demandas de la Unión para rechazos sistemáticos de migrantes en las fronteras alemanas amenazan a Europa.
La organización de refugiados Pro Asyl criticó enérgicamente los cambios legales, afirmando que 'esta ley conduce a la indigencia y pobreza deliberadamente provocadas entre los solicitantes de asilo.'
Los cambios legislativos fueron motivados por un ataque con cuchillo con motivos islamistas presuntos en una celebración de la ciudad en Solingen el 23 de agosto, que resultó en tres muertes y ocho heridos. El sospechoso, un nacional sirio, debía ser deportado a Bulgaria en 2023, pero esto no ocurrió por diversas razones. Tras este ataque, la coalición gobernante acordó endurecer las leyes sobre inmigración y posesión de armas, así como otorgar mayores poderes a los investigadores.