El 12 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Irán ordenó un nuevo juicio para la activista de derechos humanos Sharifeh Mohammadi y anuló su sentencia de muerte. Mohammadi había sido acusada de ser miembro del grupo separatista kurdo Kamala, que el régimen iraní clasifica como organización terrorista.
Su abogado, Amir Raisian, anunció la decisión, destacando las tensiones en curso en torno a los grupos kurdos en Irán. Mohammadi fue condenada a muerte en julio tras su arresto en Gilan, en el norte de Irán. El gobierno iraní ha acusado durante mucho tiempo a los grupos kurdos exiliados de incitar a la inestabilidad en el país.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han condenado el proceso judicial iraní, calificándolo de enormemente injusto. Señalaron que Mohammadi había sido una defensora de los derechos de las mujeres y los trabajadores y se había opuesto previamente a la pena de muerte. Su caso ha llamado la atención en medio de un contexto de protestas en Irán que estallaron tras la muerte de Jina Mahsa Amini en custodia policial en septiembre de 2022.
Según Amnistía Internacional, Irán ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al mayor número de ejecuciones anuales, después de China. Los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la focalización desproporcionada de las minorías étnicas, en particular los kurdos y los baluches, en los casos de pena de muerte.
Los informes indican que al menos 811 personas fueron ejecutadas en Irán entre el 10 de octubre de 2023 y el 8 de octubre de 2024. Las protestas contra la pena de muerte han persistido en más de veinte prisiones iraníes, incluidas huelgas de hambre por parte de los prisioneros.