El 8 de octubre de 2024, el Parlamento venezolano, controlado por el partido chavista, aprobó una resolución que insta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a romper los lazos diplomáticos, consulares y comerciales con España. Esta decisión se produce tras el reconocimiento por parte del Congreso español de Edmundo González Urrutia, un líder opositor en el exilio, como el presidente legítimo de Venezuela.
La resolución exige una evaluación urgente de la relación con España, calificando las acciones del Congreso español como una 'grotesca' injerencia en la soberanía venezolana. Además, solicita la cesación inmediata de todas las actividades comerciales con empresas españolas en Venezuela.
Esta escalada ocurre casi un mes después de que el Congreso español, a pesar de la oposición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobó una proposición no vinculante impulsada por el Partido Popular (PP) para reconocer a González Urrutia como presidente. La administración de Maduro enfrenta acusaciones de fraude electoral en relación con sus recientes elecciones, que la oposición considera ilegítimas.
La situación refleja las tensiones persistentes entre España y Venezuela, especialmente en torno a cuestiones de legitimidad política y reconocimiento internacional.