El 2 de octubre de 2024, la presidenta georgiana Salome Zourabichvili anunció su decisión de no firmar una controvertida ley que prohíbe la propaganda LGBT, devolviéndola al parlamento para su reconsideración. La ley, aprobada por el parlamento georgiano el 17 de septiembre, tenía como objetivo restringir varios aspectos de los derechos LGBT, incluidas las uniones entre personas del mismo sexo y los cambios de identidad de género.
La legislación, que recibió un abrumador apoyo del partido gobernante, 'Sueño Georgiano', con 84 votos a favor y ninguna oposición, fue boicoteada por los miembros de la oposición durante la votación. De haberse firmado, habría prohibido las relaciones entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de individuos no heterosexuales y las cirugías de reasignación de género, además de imponer estrictas sanciones por promover contenido LGBT en diversas plataformas.
Josep Borrell, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, instó a Georgia a retirar la ley, calificándola de violación de los derechos humanos fundamentales y un retroceso para las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea. Borrell enfatizó que tal legislación alejaría aún más a Tiflis de su camino de integración en la UE.
La situación destaca las tensiones en Georgia con respecto a los derechos LGBT y la relación del país con la Unión Europea.