En abril de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a impulsar la minería en aguas profundas para obtener minerales críticos como el níquel y el cobalto, esenciales para las baterías de vehículos eléctricos. La orden busca acelerar los permisos para la minería tanto en aguas estadounidenses como internacionales, potencialmente eludiendo las regulaciones internacionales.
Esta decisión ha desatado controversia entre científicos y ambientalistas, quienes advierten sobre consecuencias potencialmente catastróficas para los ecosistemas marinos. Las actividades mineras podrían perturbar la vida marina al crear columnas de sedimentos y dañar las redes alimentarias. También existen preocupaciones con respecto a la contaminación acústica y lumínica que afecta a las especies marinas. Algunos expertos advierten que la minería en aguas profundas podría perturbar el ciclo del carbono del océano, reduciendo su capacidad para mitigar el aumento de la temperatura global.
Empresas como The Metals Company han expresado interés en los permisos de minería en aguas profundas. El CEO Gerard Baron argumenta que el daño ambiental de la minería en aguas profundas debe equilibrarse con los impactos de la minería terrestre, que puede conducir a la deforestación. La orden ejecutiva refleja un impulso para asegurar el suministro nacional de minerales, pero su impacto en los entornos marinos sigue siendo un punto importante de controversia, y muchos piden una moratoria hasta que se realice una investigación ambiental exhaustiva.