El 16 de enero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la primera parte de la regulación de la reforma tributaria, conocida como PLP 68/2024, durante un evento en el Palácio do Planalto. La ley se promulgó con vetos parciales o totales a 17 artículos.
El secretario Bernard Appy declaró que se espera que la reforma aumente el ingreso de la población en más del 10% por encima del crecimiento del PIB a largo plazo, estimando un plazo de 10 a 15 años para estos efectos. Enfatizó que el nuevo sistema tiene como objetivo ser más justo, aliviando la carga fiscal sobre los pobres mientras la aumenta para los ricos.
Reginaldo Lopes, un relator del proyecto en la Cámara de Diputados, calificó la medida como la reforma estructural más ambiciosa de la economía brasileña en los últimos 40 años. Eduardo Braga, relator en el Senado, señaló que se presentaron 2,300 enmiendas durante las discusiones, reflejando un diálogo extenso con varios actores.
La reforma reemplazará gradualmente los impuestos actuales, incluidos Pis, Cofins e ICMS, por dos nuevos impuestos: el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS). La implementación comenzará en 2026 con una fase de prueba, llevando a la adopción completa para 2033.
Las disposiciones clave incluyen exenciones sobre productos alimenticios básicos, regímenes fiscales diferenciados y un sistema de reembolso (cashback) para personas de bajos ingresos. Un segundo proyecto de ley, el PLP 108/2024, está en consideración, que establecerá un comité de gestión para el IBS.
Además, el presidente Lula vetó una disposición que eximía a los fondos de inversión de los impuestos unificados, citando preocupaciones constitucionales sobre la concesión de beneficios fiscales.