La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto el 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Ibrahim Al-Masri. Esta decisión se basa en acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto en Gaza.
Los jueces de la CPI encontraron motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant eran penalmente responsables de actos como asesinato, persecución y el uso del hambre como arma de guerra, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de Gaza. La orden de arresto contra Al-Masri menciona cargos relacionados con asesinatos masivos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que iniciaron la guerra actual.
En respuesta, la oficina de Netanyahu condenó las acciones de la CPI como antisemitas, afirmando que Israel no cedería ante la presión. El ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar caracterizó la decisión del tribunal como una pérdida de legitimidad, describiéndola como un momento oscuro para la CPI.
Hamas acogió con beneplácito las órdenes, viéndolas como un paso hacia la justicia para las víctimas del conflicto. El alto funcionario de Hamas, Basem Naim, enfatizó la necesidad de apoyo práctico de las naciones para hacer cumplir las decisiones de la CPI.
La CPI depende de sus Estados miembros para ejecutar las órdenes de arresto, y sigue siendo incierto si alguno de los acusados será detenido. Estados Unidos, un aliado clave de Israel, también ha criticado la corte, con el senador Lindsey Graham llamándola una broma peligrosa.
El conflicto en curso ha provocado un número significativo de bajas, con informes que indican que aproximadamente 44,000 palestinos han sido asesinados y un desplazamiento generalizado en Gaza desde que comenzó la campaña militar israelí en respuesta a los ataques de octubre.