El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a las jurisdicciones que no cooperan con la aplicación federal de la ley de inmigración.
La orden instruye al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a compilar una lista de estas localidades, a menudo denominadas "ciudades santuario".
Una vez identificadas, el Presidente ha instruido al DOJ y al DHS para que tomen acciones legales contra ellas, incluyendo potencialmente la congelación de la financiación federal.
La orden ejecutiva acusa a estas jurisdicciones de participar en una "insurrección ilegal" al obstaculizar a las autoridades federales de inmigración.
Las políticas de santuario son defendidas por los gobiernos y organizaciones locales como una forma de construir confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes.
Esto anima a los residentes a denunciar delitos sin temor a la deportación.
Según la ley de EE.UU., residir en el país sin autorización es una ofensa civil, no criminal.
Trump también firmó una orden separada para reforzar sus políticas antiinmigración.
Esta orden tiene como objetivo proporcionar apoyo legal y equipo militar a los agentes de la ley acusados de mala conducta.
La administración Trump ha estado aumentando los acuerdos entre las autoridades locales y el ICE, otorgando a la policía la autoridad para arrestar a los migrantes.
Los datos del ICE indican que se han establecido más de 456 acuerdos de este tipo.