Human Rights Watch (HRW) publicó un informe el 12 de diciembre de 2024, que detalla graves abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas de Malí en colaboración con mercenarios rusos, el Cuerpo de África, tras el retiro de una misión de paz de las Naciones Unidas a finales del año pasado.
El informe indica que desde mayo de 2024, estas fuerzas han asesinado intencionalmente al menos a 32 civiles, incluidos siete muertos por un ataque con drones, y han incendiado más de 100 casas en varias ciudades y pueblos del centro y norte de Malí. HRW también destacó que el ejército maliense y el grupo Wagner han participado en una violencia sistemática contra los civiles, incluyendo secuestros y destrucción generalizada de propiedades.
Los hallazgos de la organización también apuntan a grupos extremistas en la región, que han ejecutado al menos a 47 civiles sin debido proceso y han desplazado a miles desde junio. Estos grupos son responsables de otras atrocidades, incluida la destrucción de más de 1,000 casas y el robo de ganado, esencial para los medios de vida locales.
HRW instó a las autoridades malienses a colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Experto Independiente de la ONU sobre derechos humanos en Malí para establecer un mecanismo confiable para monitorear e informar sobre los abusos cometidos tanto por grupos armados como por fuerzas de seguridad.
Malí ha estado envuelto en un conflicto durante más de una década, principalmente debido a una insurgencia liderada por grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Tras una serie de golpes militares, el gobierno de transición expulsó a las tropas francesas y buscó asistencia de seguridad de mercenarios rusos, que se han rebautizado. Este cambio ha resultado en un aumento de la violencia contra los civiles, generando preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en medio de operaciones militares en curso contra facciones yihadistas y comunidades locales acusadas de colaboración.
La situación se ha deteriorado significativamente desde que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) completó su retirada el 31 de diciembre de 2023. Esta salida ha generado alarmas sobre la protección de los civiles y la supervisión de abusos por parte de todas las partes involucradas en el conflicto. El gobierno de Malí ha enfrentado críticas de numerosos grupos de derechos por no responsabilizar a los responsables de estas violaciones.