El 29 de noviembre de 2024, la represión en Túnez contra organizaciones que apoyan a migrantes ha suscitado preocupaciones significativas sobre violaciones de derechos humanos. El arresto del activista Abdullah Al-Said y otros cuatro miembros de la Asociación Niños de la Luna refleja un examen continuo de los grupos de la sociedad civil que ayudan a los migrantes.
Al-Said, un médico de Chad que se convirtió en ciudadano tunecino en 2012, fundó la asociación para apoyar a los niños de migrantes y a aquellos varados en la región. Su arresto se produce tras el discurso del presidente Kais Saied en febrero de 2023, en el que alegó una "conspiración" relacionada con el aumento de la migración hacia Túnez.
Las investigaciones se centran en las fuentes de financiación de la asociación, lo que se alinea con acciones anteriores contra organizaciones similares. El "Comité de Seguimiento contra la Criminalización de la Solidaridad" condenó las detenciones, afirmando que son parte de una estrategia más amplia para criminalizar la asistencia a migrantes.
Las acusaciones contra los activistas incluyen blanqueo de capitales y conspiración contra la seguridad nacional, aunque no se han formalizado acusaciones. Junto a Al-Said, otros activistas prominentes permanecen detenidos sin cargos claros.
Ramadan Ben Omar, miembro del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, criticó la narrativa del gobierno, que, según él, justifica la represión mientras presenta una postura cooperativa con la sociedad civil. Señaló que las detenciones se alinean con un esfuerzo sistemático por suprimir el apoyo a los migrantes en medio de crecientes tensiones en ciudades como Sfax, un punto de partida clave para los migrantes que buscan llegar a Europa.
Han surgido respuestas políticas, incluidos llamados de miembros del parlamento local para modificar las leyes de ciudadanía ante el aumento de nacimientos en poblaciones migrantes. Sin embargo, activistas como Imad Sultani de la Asociación "La Tierra para Todos" continúan defendiendo los derechos de los migrantes a pesar de la presión del gobierno.
La situación subraya el impacto de las políticas de la Unión Europea, que han llevado a un mayor escrutinio y restricciones sobre los esfuerzos humanitarios en Túnez, lo que genera alarmas sobre la posibilidad de más abusos de derechos humanos contra poblaciones migrantes vulnerables.