La organización de derechos humanos Cristosal ha suspendido sus operaciones en El Salvador y trasladado a su personal a otros países, citando un aumento en la persecución por parte del gobierno de Nayib Bukele. Fundada en 2000, Cristosal ha sido una de las principales defensoras de los derechos humanos en el país, documentando casos de corrupción y abusos estatales.
La decisión de Cristosal se produce tras la detención de Ruth López, abogada y directora de la Unidad Anticorrupción de la organización, en mayo de 2025. López fue arrestada sin orden judicial y permanece detenida sin cargos formales, lo que ha sido denunciado por organizaciones internacionales como una estrategia para silenciar a las voces críticas del gobierno.
Desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha implementado medidas que suspenden derechos constitucionales y han sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al fin del estado de excepción, señalando violaciones graves como detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia.
La salida de Cristosal subraya la creciente preocupación sobre el espacio para la sociedad civil en El Salvador y la situación de los derechos humanos en el país. La organización ha expresado su compromiso de continuar su labor desde el exilio, monitoreando la situación y abogando por la justicia y los derechos fundamentales de los salvadoreños.