El gobierno de Venezuela ha desplegado 1,200 efectivos militares en todo el país para garantizar "la paz" antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato, programada para el 10 de enero de 2025, según el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB).
Maduro se prepara para jurar como presidente tras reclamar la victoria en las controvertidas elecciones de julio, que han sido ampliamente criticadas como fraudulentas. La oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen la victoria de Maduro y apoyan a su rival, Edmundo González Urrutia, quien ha anunciado su intención de regresar del exilio en España para asumir la presidencia el 10 de enero.
El coronel Alexander Granko Arteaga, miembro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), declaró en un video que el despliegue busca garantizar la seguridad nacional y la inauguración pacífica del presidente. Subrayó las operaciones en curso contra mercenarios y reiteró el compromiso del gobierno de mantener el orden.
Maduro planea asistir al Parlamento, controlado por su partido, para ser juramentado por otro período de seis años, tras la proclamación de su victoria electoral por parte del Consejo Nacional Electoral el 28 de julio, a pesar de la falta de datos electorales publicados.
La coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado los resultados electorales como fraudulentos e insiste en que González Urrutia es el verdadero ganador. Actualmente en el exilio desde septiembre, González Urrutia se encuentra en una gira por América Latina, habiendo tenido reuniones con el presidente argentino Javier Milei, y planea visitar Uruguay y Estados Unidos antes de regresar a Caracas para la toma de posesión.
Sin embargo, el régimen venezolano ha emitido una orden de arresto en su contra, acusándolo de "conspiración" y otros delitos relacionados con las elecciones. El jueves, la policía venezolana anunció una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a la ubicación de González Urrutia, inicialmente ofrecida en 500,000 dólares, pero luego reducida.
La declaración policial incluía un cartel de búsqueda que acusaba a González Urrutia de varios delitos, incluidos complicidad en actos violentos contra el estado, usurpación de funciones y provocación a la desobediencia de la ley.