El 14 de noviembre de 2024, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició una investigación preliminar sobre el presidente Gustavo Petro por presuntas aportaciones ilegales a su campaña de 2022 de la empresa Daily Cop, dedicada a las criptomonedas e involucrada en un esquema de fraude.
La Comisión, que es el único ente autorizado para investigar a un presidente en funciones, declaró que ha ordenado la apertura de la indagación contra el presidente Petro. Esta acción sigue a una denuncia presentada por el concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño.
Briceño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía han sido citados para una sesión virtual el 19 de noviembre para confirmar las denuncias. La investigación busca determinar si fondos ilegales entraron a la campaña de Petro.
La indagación estará a cargo de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Leonardo Gallego (Partido Liberal) y Alirio Uribe (Polo Democrático).
En abril de 2024, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del empresario Omar Hernández Doux-Ruisseau, vinculado a Daily Cop, afirmó que su cliente puede verificar la existencia de fondos ilícitos que supuestamente se destinaron a la campaña de Petro.
Muñoz indicó que los fondos se pactaron en especie, específicamente a través de la adquisición de un avión King Air vinculado a la empresa Sadi, asociada a la criptomoneda.
Hernández y otras cinco personas fueron encarceladas en octubre de 2023 tras ser acusadas de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptaron.
Daily Cop, que prometía ganancias diarias del 0,5 % y mensuales del 12 %, defraudó a más de 100,000 personas.
Esta investigación no es la única que enfrenta la campaña presidencial de Petro; en octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación y formuló cargos contra su campaña de 2022 por presuntas violaciones a las regulaciones de financiamiento de campañas.
El CNE sospecha que Petro, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo superaron los límites de gasto establecidos y utilizaron fuentes prohibidas que no fueron declaradas.